El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que adopten medidas para impedir incrementos abusivos de precios en los transportes alternativos al tren, en un contexto en el que la red ferroviaria española se ve alterada tras el accidente de Adamuz (Córdoba).
En concreto, Gabilondo ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio y la CNMC con el fin de que detallen qué actuaciones prevén poner en marcha para evitar posibles prácticas abusivas por parte de determinadas compañías.
Según el Defensor del Pueblo, esta situación estaría repercutiendo en los pasajeros que se ven obligados a recurrir a medios de transporte distintos a las líneas de alta velocidad entre Madrid y Andalucía o entre Madrid y Cataluña, principalmente, y que se enfrentan a sobrecostes para poder desplazarse, especialmente en avión, autobús o vehículos de alquiler.
Por este motivo, solicita a ambos organismos que, mediante sus respectivos órganos reguladores, intervengan dentro de sus competencias para que las empresas contengan las tarifas, que antes de los últimos problemas ferroviarios eran más bajas que las actuales, “en algunos casos significativamente”.
Gabilondo entiende que, ante este escenario, “no parece que sea procedente” que los usuarios, además de soportar las molestias derivadas de las incidencias en el servicio ferroviario, tengan que asumir incrementos adicionales en los precios de los transportes alternativos.