Instituto Juan de Mariana y CEU-CEFAS han estimado que la “hipertrofia normativa” en España genera cada año un impacto económico superior a 90.000 millones de euros, derivado de cargas burocráticas, exigencias de cumplimiento regulatorio, litigiosidad e inseguridad jurídica.
“España afronta un problema estructural de hipertrofia normativa que ya tiene efectos económicos cuantificables”, se advierte en el informe ejecutivo “Desenredar España”, elaborado por el Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), que examina en detalle las normas con rango de ley aprobadas desde 2018.
El documento subraya que la sobrerregulación se ha convertido en un problema económico y político de primer nivel, con consecuencias directas sobre el mercado laboral, el acceso a la vivienda, la llegada de inversión y la competitividad. Por ello, se plantea que la desregulación pase a ser una política pública estable, apoyada en un inventario exhaustivo, una metodología clara y una evaluación tecnológica rigurosa.
La auditoría revisa 243 leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos-ley y reales decretos legislativos aprobados desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. El análisis concluye que 204 normas —el 84 % del total— podrían ser objeto de derogación completa o de una reforma en profundidad “por su carácter innecesariamente intervencionista, deficiencias técnicas o débil justificación funcional”.
El estudio enmarca esta propuesta de revisión en un escenario de acumulación normativa continuada. Entre 1978 y 2021 se aprobaron en España 411.804 normas, a las que se sumaron otras 11.775 en 2022, manteniendo un ritmo superior a 30 disposiciones diarias, lo que supone una nueva regulación cada 45 minutos. Según el informe, este volumen legislativo ha incrementado la complejidad jurídica y ha ampliado la discrecionalidad administrativa.