El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a España a que, en caso de poner en marcha nuevas medidas para amortiguar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio, estas se limiten a un “apoyo discrecional temporal y focalizado”, siempre que los costes de financiación de la deuda soberana sigan contenidos y, especialmente, en caso de producirse un “shock grave” o una escalada de la guerra.
Así se recoge en las conclusiones de la misión del FMI encargada de elaborar el informe “Artículo IV” sobre España, que constata que las cuentas públicas continuaron saneándose el pasado ejercicio y que el déficit público se redujo hasta el 2,5% del PIB (frente al 3,1% en 2024), en línea con las previsiones del Ejecutivo.
Coincidiendo con este análisis, el Gobierno ha dado luz verde este viernes a un real decreto que incorpora 80 medidas por un valor total de 5.000 millones de euros para mitigar las consecuencias económicas del conflicto bélico, entre las que se contemplan rebajas tributarias de calado.
En una comparecencia ante los medios, el jefe de la misión del FMI para España, Romain Duval, ha señalado que el efecto de la guerra en Irán ha sido un asunto “debatido ampliamente esta semana” y ha subrayado que, a juicio del organismo, “esta respuesta debería ser temporal, específica y no debería distorsionar los precios de la energía”.
A la espera de conocer con detalle el contenido del paquete aprobado por el Ejecutivo, Duval ha avanzado que la valoración del FMI se hará tomando como referencia esos tres elementos: “si serán específicas, temporales y si no distorsionarán los precios de la energía”.
Las orientaciones del Fondo coinciden con las lanzadas ayer por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que reclamó a los gobiernos de la zona euro que “cualquier respuesta fiscal” a la crisis derivada del conflicto de Oriente Próximo sea “temporal, específica y adaptada a cada caso”.
En relación con la situación presupuestaria, el equipo técnico del FMI prevé que el incremento anual del gasto público neto continúe superando los objetivos del Gobierno y que el déficit solo se reduzca “moderadamente”, lo que obligará a redoblar los esfuerzos de consolidación, dado que el desequilibrio se estabilizaría en el 2% del PIB en 2031, lejos del 0,8% fijado en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP).
Un ajuste de 25.000 millones para cumplir la senda de déficit
De esta proyección se desprende, según el FMI, que España tendrá que poner en marcha medidas de ajuste equivalentes al 1,5% del PIB para alinearse con la trayectoria de déficit prevista a medio plazo, es decir, en torno a 25.000 millones de euros.
Respecto a la deuda pública, el organismo anticipa que continuará retrocediendo durante los próximos cinco años, aunque su evolución seguirá siendo “vulnerable” a perturbaciones en el crecimiento y en los costes de financiación. Además, advierte de que el endeudamiento repuntará “considerablemente” a partir de comienzos de la década de 2030, ya que España afronta uno de los “mayores aumentos” del gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración entre las economías avanzadas de la UE, con un incremento cercano al 4% del PIB entre 2030 y 2050, de acuerdo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En su escenario central, el FMI considera que el todavía “fuerte impulso” del crecimiento ofrece a las autoridades españolas una ventana para recomponer el colchón fiscal con mayor rapidez y sugiere que las “sorpresas futuras” por el lado de los ingresos se destinen prioritariamente al ahorro y no a nuevas partidas de gasto. Asimismo, defiende una AIReF “totalmente independiente y bien dotada de recursos” con un papel “más importante” en el diseño de los planes de consolidación.
Reforma del IVA y cambios en el cálculo de las pensiones
Como en anteriores informes sobre España, el FMI vuelve a recomendar, ante la “baja” tasa de empleo y la “elevada” carga impositiva sobre el trabajo, una reforma del IVA que armonice tipos y suprima los reducidos sobre una “amplia gama” de bienes, compensando a los hogares de menor renta mediante transferencias directas.
En materia de pensiones, y a la espera del resultado de la próxima evaluación de la AIReF, el organismo considera imprescindible actuar para contener el fuerte incremento futuro del gasto. Antes que recurrir a nuevas subidas de cotizaciones, se inclina por ampliar el período sobre el que se calculan las prestaciones, combinado con medidas que favorezcan el empleo.
Esta estrategia a medio plazo para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas incluye también, según el FMI, una revisión en profundidad de la regla fiscal de las comunidades autónomas, ya que el esquema actual es “complejo” e introduce “incoherencias”, sin haber logrado reducir la deuda regional ni evitar comportamientos procíclicos del gasto.
Límites de gasto para las CCAA y mecanismos correctivos
Por ello, el Fondo plantea “una mayor coherencia” entre la regla fiscal autonómica y el nuevo marco fiscal europeo. Propone, en primer lugar, alinear la definición nacional de crecimiento del gasto primario neto con la de la UE y establecer una regla centrada en la evolución del gasto que garantice la sostenibilidad de la deuda de cada comunidad autónoma.
Este objetivo podría alcanzarse mediante topes de crecimiento del gasto específicos para cada territorio o a través de un límite común con exigencias de ajuste “más estrictos” para las regiones más endeudadas. La norma debería incorporar, además, un mecanismo “correctivo claro y pertinente” en caso de incumplimiento, cuya aplicación correspondería al Ministerio de Hacienda, según recomienda el FMI.
En relación con la posibilidad de que el Gobierno central asuma parte de la deuda autonómica, el organismo reconoce que esta opción podría proporcionar recursos adicionales útiles para las comunidades, pero alerta de la necesidad de abordar el “riesgo moral y de desviación fiscal”.
“La adquisición parcial y excepcional de la deuda de las comunidades autónomas por parte del Gobierno central podría ayudar a restaurar el acceso de aquellas a los mercados, pero debería condicionarse a planes de consolidación creíbles, idealmente en el contexto de una regla fiscal regional reformada y centrada en la aplicación estricta de límites de crecimiento del gasto”, subraya el Fondo.
El incremento previsto de las transferencias del Estado a las comunidades autónomas en el marco de la reforma del régimen común también podría facilitar que afronten mejor las tensiones de gasto ligadas al envejecimiento. No obstante, el FMI aconseja que este refuerzo de recursos se lleve a cabo “gradualmente”, de forma que el Gobierno disponga de margen para compensar la merma de ingresos mediante mayores impuestos o ajustes en otras partidas de gasto.