España necesita acometer una nueva fase de reformas en su mercado de trabajo para seguir elevando la tasa de empleo, acelerar la mejora del nivel de vida y afianzar el repunte del crecimiento de la productividad. Así lo recoge la declaración del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) al cierre de su misión de consulta para la elaboración del informe “Artículo IV” sobre la economía española correspondiente a 2026.
En esta línea, los expertos del organismo con sede en Washington sostienen que las políticas activas de empleo deben reforzarse utilizando indicadores basados en resultados, como los avances en la tasa y la calidad de las colocaciones. Estos parámetros servirían para asignar bonificaciones a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas que acrediten un mejor desempeño.
Asimismo, si la reforma del subsidio por desempleo de 2024 recibe una valoración positiva, podría profundizarse ampliando el periodo en el que los beneficiarios de 52 años o más pueden compatibilizar el salario y la percepción de prestaciones, con una retirada gradual de una parte de las ayudas a medida que transcurre el tiempo.
Respecto al salario mínimo, con el fin de limitar los posibles efectos negativos sobre el empleo de los trabajadores con sueldos más bajos, el FMI considera que las subidas del SMI deben seguir orientándose por el objetivo del Gobierno del 60% del salario medio neto y advierte de que “se debe evitar la indexación de facto a la inflación”.
En este contexto, el personal del Fondo plantea dotar al comité de expertos sobre el salario mínimo de mayor independencia y recursos adicionales para la evaluación. Además, propone que, en sus dictámenes, el comité tenga en cuenta de forma equilibrada tanto las metas de creación de empleo como la reducción de la pobreza laboral.
El FMI sugiere también introducir una deducción fiscal ligada al empleo para reforzar el apoyo a los hogares de renta baja sin perjudicar la ocupación, integrando las prestaciones ya existentes. Paralelamente, para hacer frente al fuerte aumento reciente de la incidencia y duración de la incapacidad temporal, que ha elevado el gasto público asociado y reducido el total de horas trabajadas, el organismo recomienda aplicar las propuestas de la AIReF, entre ellas un seguimiento y acompañamiento tempranos durante el primer año de baja.
Por otro lado, los técnicos del FMI apuntan que las reformas laborales podrían contribuir a una mayor estabilidad en el empleo y, en consecuencia, a una mejor acumulación de capital humano y a un incremento de la productividad de los trabajadores. Para ello plantean la introducción de una “calificación por experiencia”, que implicaría cotizaciones más elevadas a la Seguridad Social para las empresas que recurran con mayor frecuencia a los despidos, así como, tras una evaluación previa, estudiar la extensión del contrato indefinido del sector de la construcción a otros ámbitos en los que el auge de los contratos fijos discontinuos no haya conseguido mejorar la estabilidad laboral.
Productividad y apoyo a las empresas
En lo relativo al impulso de la productividad, el FMI enfatiza la necesidad de eliminar los obstáculos que mantienen a las empresas españolas de menor tamaño más rezagadas e innovando menos que sus homólogas de otros países de renta alta. Entre estos factores cita la insuficiente dotación de capital humano, las restricciones de financiación, las trabas burocráticas y un sistema de deducciones fiscales a la investigación y el desarrollo (I+D) excesivamente enrevesado.
“Las deducciones fiscales en España para actividades de I+D son generosas, pero han sido poco aprovechadas debido a su excesiva complejidad”, recuerda la institución, que considera que simplificar el esquema y orientarlo mejor hacia compañías nuevas e innovadoras favorecería la innovación y reforzaría el impacto de otras reformas a favor de la productividad.
En materia de financiación, el FMI estima que el Gobierno debería aprovechar su iniciativa del Laboratorio Europeo de Competitividad para avanzar en la integración de los mercados de capitales de la UE. España podría beneficiarse de forma notable de este proceso, dado el acceso más limitado de sus empresas al capital riesgo y a la financiación en general frente a compañías comparables de otros países de la zona del euro.
En cuanto a la burocracia, el organismo recomienda acelerar la puesta en marcha de la iniciativa Régimen 20, cuyo objetivo es armonizar la regulación y recortar las barreras administrativas en todas las comunidades autónomas, entre otros aspectos mediante la fijación de hitos y resultados concretos.
Según el análisis del personal técnico, un paquete de reformas que alivie las restricciones de financiación de las empresas, reduzca sus cargas administrativas, racionalice los umbrales regulatorios vinculados al tamaño y mejore las deducciones fiscales por I+D podría, en conjunto, “elevar el crecimiento tendencial anual de la productividad de España en alrededor de un cuarto de punto porcentual”.
En cualquier caso, los expertos del FMI insisten en que estas actuaciones deben ir acompañadas de un trabajo continuado con los socios europeos para seguir profundizando en el mercado único de bienes y servicios de la UE.