El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha puesto en marcha este miércoles una consulta pública con el fin de recabar información y propuestas de operadores, administraciones y distintos agentes sobre el futuro apagado de las redes 2G y 3G en España, según ha señalado en un comunicado el departamento que encabeza Óscar López.
El 2G comenzó a desplegarse en el país hace aproximadamente tres décadas, hacia 1995, mientras que el 3G se incorporó a comienzos de los años 2000 tras las primeras concesiones de espectro radioeléctrico para esta tecnología, que impulsó de forma notable la conectividad y el uso de servicios 'online' desde el móvil.
Uno de los fines principales del futuro 'apagado' del 2G y del 3G es liberar espectro radioeléctrico para destinarlo a tecnologías móviles más avanzadas, como el 4G y el 5G.
En particular, la desactivación de estas redes permitirá reutilizar las bandas de 900 y 2.100 megahercios (MHz), lo que facilitará reforzar la cobertura y la capacidad del 4G y el 5G y ofrecer "más velocidad, fiabilidad y eficiencia energética".
"La información recabada servirá para realizar una transición ordenada, ya que permitirá definir aspectos como calendarios de apagado por operador y tecnología, planes de migración de servicios y dispositivos 2G y 3G a 4G y 5G, medidas de comunicación y acompañamiento a los usuarios o indicadores para monitorizar el proceso y garantizar la continuidad del 112 (el número de teléfono de emergencias para toda la Unión Europea)", ha detallado Transformación Digital.
El Ministerio ha añadido que se pretende que todo el proceso asegure la protección de los usuarios, la coordinación entre territorios y la máxima transparencia. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo y seguimiento que coordine la transición con los operadores, organismos sectoriales y los colectivos afectados.
La consulta pública, abierta hasta el 20 de enero, incluye preguntas sobre cuestiones como la estrategia de comunicación más adecuada, los plazos de preaviso, los canales a utilizar, los mensajes orientativos, las campañas informativas o la atención a clientes.
Asimismo, se piden aportaciones sobre medidas específicas para dispositivos y servicios concretos ('eCall', sistemas de alarma, ascensores, equipos de geolocalización) y para colectivos vulnerables, como personas mayores, usuarios que dependen de la teleasistencia, personas con discapacidad, con dificultades idiomáticas o residentes en áreas rurales.
"Otros países europeos están inmersos en este proceso, ya que estas redes, implantadas hace más de dos décadas, están llegando al final de su ciclo tecnológico. Mantener activas estas tecnologías implica costes elevados, mayor consumo energético y limitaciones de capacidad y seguridad frente a las redes actuales", ha subrayado el Gobierno.