El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto que impone el uso obligatorio de la factura electrónica en las operaciones entre empresas y profesionales, el llamado sistema B2B. La implantación será progresiva: las compañías con una facturación superior a 8 millones de euros dispondrán de un año y el resto tendrá un plazo de dos años, contados desde la publicación de la orden ministerial que regulará la plataforma pública de facturación.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende avanzar en la digitalización del tejido productivo, recortar la morosidad comercial y facilitar que las empresas, en especial las pymes, cobren antes y con mayor certidumbre, según ha subrayado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El real decreto considera factura electrónica a un fichero estructurado y legible de forma automatizada, dejando atrás el uso del PDF, las hojas de cálculo y el soporte en papel. Además, incorpora la obligación de comunicar el estado de cada factura, incluyendo su aceptación y la fecha efectiva de pago.
Las empresas dispondrán de dos alternativas para el intercambio de facturas electrónicas. Podrán utilizar plataformas privadas, que deberán estar interconectadas entre sí para evitar que un proveedor se vea forzado a operar en la plataforma elegida por su cliente. Como segunda opción, se habilitará una solución pública y gratuita desarrollada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), abierta a cualquier empresa o profesional, también a los autónomos con un volumen reducido de facturas mensuales.
La aplicación de la norma se hará de forma escalonada para facilitar la adaptación de todo el tejido empresarial: un año para las compañías con más de 8 millones de euros de facturación y dos años para el resto. Estos plazos empezarán a contar cuando se publique la orden del Ministerio de Hacienda que fijará los detalles técnicos de la solución pública, previsiblemente antes del 1 de julio de 2026.
“Lo que queremos con este real decreto es facilitar la adopción de esta medida en particular por nuestras pymes y establecemos, por lo tanto, un período transitorio suficientemente amplio atendiendo además al tamaño de las empresas de los sujetos obligados”, ha señalado Cuerpo.
Diferencias con Verifactu
La aprobación de este real decreto de factura electrónica B2B coincide temporalmente con otro proyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda: el real decreto conocido como “Verifactu”, que ya ha entrado en vigor, aunque sus efectos prácticos se han pospuesto hasta 2027.
Aunque ambos textos se han tramitado en paralelo, persiguen objetivos distintos. Verifactu está orientado a combatir el fraude fiscal en todo tipo de transacciones y fija obligaciones específicas para los desarrolladores de programas de facturación, con el fin de dificultar la manipulación de facturas y establecer distintos canales de envío de información tributaria a la Agencia Tributaria.
Menos cargas administrativas y ahorro para las empresas
En cambio, la nueva regulación sobre factura electrónica B2B desarrolla el artículo 12 de la Ley Crea y Crece (18/2022) y se integra en la estrategia europea de digitalización del IVA, en línea con la iniciativa VIDA de la Comisión Europea.
De acuerdo con el departamento que dirige Carlos Cuerpo, la extensión de la factura electrónica B2B permite a las empresas lograr importantes ahorros de tiempo y de costes. La automatización de procesos derivada de recibir cientos o miles de facturas al año en un formato estructurado que el software contable puede procesar directamente, frente a la gestión de facturas en PDF o papel cuyos datos hay que introducir manualmente y por canales diversos, ha sido el principal estímulo para su adopción en sectores como el gran consumo, la automoción, los suministros sanitarios o la hostelería y las agencias de viaje.
Según los datos del Gobierno, en España ya se intercambian más de 550 millones de facturas electrónicas al año, con unos ahorros estimados superiores a 2.700 millones de euros. Como referencia de futuro, se toma el caso de Italia, donde el sistema para facturas B2B funciona desde 2019 y se gestionan anualmente más de 2.000 millones de facturas electrónicas.
“Cuando lleguemos a ese nivel de 2.000 millones de facturas electrónicas al año, estimamos unos ahorros de más de 8.000 millones para el conjunto de empresas de nuestro país”, ha explicado Cuerpo.