El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al II Plan de Acción de Economía Circular (PAEC). Este programa, dotado con una inversión global estimada de 1.884,89 millones de euros y compuesto por 105 medidas, será ejecutado por la Administración General del Estado (AGE) con el objetivo de acelerar la implantación de un modelo económico circular y descarbonizado.
Según ha detallado el Ministerio, las 105 actuaciones, en las que participan 12 ministerios y más de 40 unidades directivas, se orientan a cumplir los objetivos fijados en la Estrategia Española de Economía Circular para 2030. El plan integra propuestas del Consejo Asesor de Economía Circular (CAEC) –órgano de colaboración público-privada que agrupa a ministerios, asociaciones sectoriales, sindicatos, ONG, organizaciones de personas consumidoras y representantes del ámbito académico–, junto con las contribuciones recogidas durante el proceso de participación pública.
Las iniciativas de la AGE se ordenan siguiendo los ejes y líneas estratégicas definidos en la Estrategia Española de Economía Circular, ya aplicados en el I Plan de Acción. Así, las medidas se distribuyen en torno a cinco grandes ejes de actuación y tres líneas de carácter transversal.
Producción y consumo sostenibles
El primer eje, centrado en la producción, persigue impulsar el ecodiseño y el rediseño de procesos y productos para disminuir su impacto sobre el clima, la biodiversidad y la contaminación. Se pretende optimizar el uso de recursos naturales no renovables, priorizar la prevención tanto en la extracción de materias primas como en la generación de residuos, y favorecer la durabilidad y reparabilidad de los bienes.
Asimismo, se busca incentivar la incorporación de materias primas secundarias y reducir la presencia de sustancias peligrosas, con el fin de facilitar el reciclaje y avanzar hacia sistemas productivos más eficientes y sostenibles.
En el ámbito del consumo, el Plan se marca como meta rebajar la huella ecológica mediante la promoción de hábitos de consumo más responsables, alejados del esquema lineal de extraer-producir-consumir-tirar. Este giro permitirá un uso más racional de los recursos, respetando los límites ambientales del planeta. En este cambio de modelo, el papel de las personas consumidoras es clave, al igual que el de las Administraciones Públicas, especialmente a través de la compra pública ecológica.
Gestión de residuos y dimensión internacional
En materia de gestión de residuos, igual que en el I Plan de Acción, se pretende aplicar de forma efectiva el principio de jerarquía, dando prioridad a la prevención (reducción), la reparación, la preparación para la reutilización y, en último término, el reciclaje. El objetivo es mantener el valor de los materiales el mayor tiempo posible dentro del sistema económico.
Por primera vez, el plan incorpora además una dimensión internacional y de cooperación para el desarrollo, orientada a extender la economía circular y una gestión de residuos que salvaguarde la salud de las personas y de los ecosistemas desde una óptica global.
En relación con las materias primas secundarias, se persigue proteger el medio ambiente y la salud humana reduciendo la extracción y el consumo de recursos naturales no renovables, mediante la reincorporación al ciclo productivo de materiales contenidos en los residuos.
El Ministerio subraya que estas actuaciones refuerzan la competitividad de las empresas, incrementan la autonomía estratégica al disminuir la dependencia de proveedores de terceros países y mejoran la seguridad industrial de España.
Por otro lado, el eje de reutilización y depuración del agua tiene como finalidad promover un uso eficiente del recurso hídrico, compatibilizando la protección de la calidad y cantidad de las masas de agua y sus ecosistemas con un aprovechamiento sostenible e innovador.
Nuevas dimensiones transversales
Como elemento novedoso, el II Plan de Acción suma un bloque de medidas transversales adicionales, organizadas en varias dimensiones. En el ámbito de Gobernanza, se prevén actuaciones para fortalecer la Comisión Interministerial de Economía Circular y el Consejo Asesor. En el de Transición Justa, se concibe la economía circular como una palanca para generar nuevos empleos y transformar los ya existentes.
También se incorpora la dimensión de Reto Demográfico, uno de los grandes desafíos estructurales a los que debe dar respuesta el nuevo modelo de desarrollo, y la de Género, con el propósito de asegurar un impacto positivo desde esta óptica, dado que la economía circular contribuye a mejorar la protección de la salud y las condiciones laborales, con especial beneficio para las mujeres.
Dentro de las líneas transversales de investigación, innovación y competitividad, se prioriza el impulso al desarrollo y la aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías para fomentar la innovación en procesos, materiales, productos, servicios y modelos de negocio orientados al uso eficiente de materias primas, el ecodiseño, la reparación y el reciclaje.
Igualmente, se promueve la colaboración público-privada, la formación de personal investigador y de I+D+i, así como la inversión empresarial en este campo.
Participación social, empleo y formación
El Ministerio resalta que la línea de participación y sensibilización contempla acciones para reforzar la implicación de los agentes económicos y sociales, con la finalidad de poner el foco en el impacto insostenible del modelo económico lineal actual sobre los desafíos ambientales, económicos, sociales y tecnológicos, y en la urgencia de generalizar los principios de la economía circular, incluida la jerarquía de los residuos.
La línea de empleo y formación se orienta a favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo y la mejora de los existentes en el marco de la economía circular, mediante la educación y la capacitación profesional.
El gabinete encabezado por Sara Aagesen ha puesto en valor que, en coherencia con el compromiso con la transparencia y la participación, el II Plan de Acción de Economía Circular se sometió a un proceso de información pública que permitió enriquecer el documento con las contribuciones de la ciudadanía y de entidades ajenas al Consejo Asesor. En total, 79 alegantes presentaron 1.441 alegaciones al borrador del plan.