El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha cerrado el primer concurso de potencia firme para los sistemas eléctricos no peninsulares, con la asignación de 78 grupos de generación que suman más de 1.450 megavatios (MW) y que conllevarán una inversión superior a 500 millones de euros, según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Este procedimiento de concurrencia competitiva tiene como finalidad emitir la resolución favorable de compatibilidad necesaria para el reconocimiento del régimen retributivo adicional en los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla y en los subsistemas de Mallorca y Menorca, con el propósito de garantizar el suministro y asegurar un precio mayorista de la electricidad homogéneo en todo el territorio nacional.
En total se han tramitado 181 solicitudes, de las que han resultado finalmente seleccionadas las propuestas de 78 grupos de generación. Estos podrán acogerse a ese régimen retributivo adicional durante 25 años en el caso de nuevas centrales, entre cinco y diez años para inversiones en instalaciones ya en servicio y cinco años para las extensiones de vida útil sin inversión asociada.
La elección de los proyectos se ha efectuado mediante una prelación técnico-económica basada en el ahorro de costes totales, en la que competían extensiones de vida útil, inversiones en grupos en operación y nuevos grupos. Posteriormente se han aplicado criterios técnicos como el tamaño de las plantas, las emisiones de CO2, las horas previstas de funcionamiento o la ubicación, incorporando además las observaciones de los gobiernos autonómicos implicados.
El régimen retributivo adicional permite que las centrales convencionales de los territorios no peninsulares obtengan una rentabilidad regulada y que el precio mayorista sea idéntico en todo el país. Su coste se reparte al 50% entre el sistema eléctrico y los Presupuestos Generales del Estado y en 2025 se situó en torno a 1.650 millones de euros.
El concurso ha posibilitado adjudicar potencia suficiente para cubrir las necesidades de todos los subsistemas eléctricos hasta 2029 y, en todos los casos, se ha superado la potencia adicional prevista para 2028. Así, se han adjudicado 330,6 MW en Mallorca frente a los 270 MW convocados, 73,1 MW en Menorca (60 MW), 344,14 MW en Gran Canaria (330 MW) y 382,33 MW en Tenerife (370 MW), entre otros sistemas.
En conjunto, la potencia otorgada rebasa los 1.450 MW de capacidad firme y se calcula que movilizará en los próximos años una inversión cercana a 500 millones de euros, que abarcará tanto nuevas plantas como mejoras y desembolsos de capital en centrales ya operativas.
En Canarias se han adjudicado más de 1.000 MW distribuidos entre 62 grupos de generación seleccionados, de los que 34 corresponden a nuevas instalaciones (25) o a inversiones adicionales en grupos en servicio (9), lo que implica un incremento de la participación de distintos operadores en un mercado especialmente complejo.
En Tenerife se contrata el 50% de las necesidades de nueva potencia con 11 grupos de la empresa Sampol, mientras que en el sistema Lanzarote-Fuerteventura se cubre el 67% mediante nuevos grupos de Sampol (26%), DISA (33%) y Canary Carreteras (8%), quedando el resto de grupos adjudicados en manos de Endesa.
En La Gomera y El Hierro únicamente se prolonga la vida útil de las centrales existentes, dado que El Hierro dispone ya de una presencia relevante de generación renovable y La Gomera pondrá en servicio el próximo mes su interconexión con Tenerife, lo que mejora significativamente la cobertura.
En Baleares se han adjudicado ocho grupos de generación con una potencia total de 403 MW, mientras que en Ceuta se ha seleccionado un grupo de 5 MW y en Melilla siete grupos que suman 36 MW, en todos los casos pertenecientes a Endesa.
De forma paralela, el departamento que encabeza Sara Aagesen ha revisado los parámetros técnicos y económicos que se aplicarán para calcular la retribución de la actividad de producción eléctrica en los territorios no peninsulares durante el periodo regulatorio 2026-2031, con la finalidad de garantizar un estado adecuado de las instalaciones. Además, ha solicitado al operador del sistema un informe sobre las necesidades de potencia hasta 2031 para lanzar nuevas convocatorias en función de la evolución de la demanda y de la capacidad asignada en este primer concurso.