El Gobierno sigue analizando por la vía jurídica cómo impedir la entrada en vigor de las indemnizaciones más elevadas por retrasos en Renfe, una medida impulsada por el PP mediante una enmienda en el Senado y que debería comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insistido en que el asunto se encuentra en estos momentos en revisión legal, al entender que no se ajusta a derecho imponer esa obligación únicamente a uno de los tres operadores ferroviarios que prestan servicio, de forma que solo uno de ellos tenga que devolver el importe de los billetes cuando se produzcan retrasos en sus trenes.
“Esto solo se exige a Renfe pero hay otras dos empresas operando, y se podría dar la paradoja de que se pare un tren de Ouigo, afectando a cinco trenes de Renfe detrás y que sea Renfe la única que tenga que indemnizar a sus viajeros”, ha argumentado.
Fuentes del sector consultadas por Europa Press detallan que la enmienda presentada por el PP obliga al Gobierno a encargar a Renfe la implantación de esta nueva política de compensaciones, pero no impone el mandato de forma directa sobre la propia Renfe. Por ello, el operador público podría iniciar el próximo ejercicio sin aplicar indemnizaciones superiores a las que ya contempla actualmente.
De este modo, cualquier queja o demanda debería dirigirse al hecho de que el Ejecutivo no haya dado cumplimiento a la norma al no encomendar formalmente a Renfe ese nuevo esquema de indemnizaciones, lo que conlleva una tramitación y un encaje jurídico más complejo que el de reclamar directamente a la compañía ferroviaria esas compensaciones reforzadas.
En paralelo, el ministro ha subrayado que la puntualidad de los servicios de Renfe ha experimentado una evolución positiva en los últimos meses y ha asegurado que, desde agosto, este indicador se ha incrementado en un 40%.