El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha hecho pública este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución con la que fija medidas específicas para asegurar la aplicación efectiva del Reglamento de Control de la actividad pesquera, adaptándolo al funcionamiento habitual de la flota española y garantizando en todo momento las tareas de vigilancia e inspección.
En particular, la resolución desarrolla determinadas obligaciones del reglamento comunitario que son exigibles desde el pasado 10 de enero y que requerían un ajuste a las características de la pesca española.
Dado que buena parte de la flota nacional opera en caladeros cercanos, realiza salidas de corta duración y regresa a su puerto base el mismo día, el plazo de cuatro horas fijado a nivel europeo para comunicar la llegada a puerto no se adecua a su rutina diaria. Por este motivo, el texto reduce ese margen, en el marco de lo permitido por la normativa comunitaria, de forma que la comunicación pueda efectuarse en el momento en que el buque inicia el retorno a puerto, sin menoscabar la eficacia del sistema de control.
En cambio, para los buques que faenan a mayor distancia o en pesquerías sometidas a un control más estricto, se mantienen los plazos y requisitos que ya estaban vigentes, de manera que la supervisión de la actividad pesquera continúe plenamente garantizada.
En relación con las capturas de escaso volumen, por debajo de los 50 kilos, la resolución tiene en cuenta la dificultad de realizar cálculos exactos a bordo con los medios disponibles y en las condiciones de trabajo y seguridad propias de la actividad pesquera.
Así, se precisa que las posibles desviaciones en estas cantidades no se considerarán infracción, siempre que en la declaración de desembarque se consignen con exactitud los volúmenes por especie. Con ello se asegura el cumplimiento de la obligación de registrar todas las capturas desde el kilo cero, sin sancionar situaciones técnicamente complejas, pero manteniendo un control real y efectivo.
Agricultura subraya que esta resolución da respuesta a los problemas trasladados por la flota española para ajustarse a las nuevas obligaciones del reglamento y plasma el compromiso alcanzado en la reunión celebrada el pasado lunes entre la Secretaría General de Pesca y los representantes del sector.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya ha reiterado que España tiene el “firme compromiso de garantizar un control riguroso”. “También de asegurar que nuestras flotas puedan operar con certidumbre y eficacia”, ha indicado.
En coherencia con esta posición, el próximo lunes España planteará en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en Bruselas, una propuesta de modificación del Reglamento (UE) 2023/2842, con el objetivo de dotar al régimen de control de mayor claridad y flexibilidad, en línea con la operativa real de la flota.
“Seguiremos defendiendo los intereses de nuestro sector pesquero con determinación para lograr normas eficaces, sostenibles y operativamente viables para nuestras flotas”, ha recalcado.