El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde al anteproyecto de ley que modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de que “nadie enferme ni muera en el puesto de trabajo”.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la iniciativa en la rueda de prensa posterior al Consejo, recordando que la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en vigor desde 1995, debía revisarse, tal y como se recogía en la Ley Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, tras casi 30 años sin actualizarse.
Díaz ha señalado que en el año 2025 fallecieron más de 700 personas mientras trabajaban, una cifra que ha calificado de “brutal” pese a haberse reducido un 40%, y ha descrito la siniestralidad laboral como el “principal problema” en España.
También ha resaltado que las enfermedades profesionales han alcanzado las 30.713, que los casos no traumáticos han aumentado en 34.440 y que, según la OIT, casi tres millones de personas en el mundo han perdido la vida en su puesto de trabajo. En paralelo, las incapacidades temporales en España vinculadas a síntomas emocionales se han disparado un 500%.
La titular de Trabajo ha subrayado que la reforma introduce de forma explícita la perspectiva de género y la edad de la persona trabajadora en la evaluación de riesgos, e incorpora los riesgos climáticos y psicosociales como elementos centrales de la prevención.
“Hablamos de absentismo, pero los datos de aumento de IT por salud mental se han incrementado un 500%, no es una maldición divina en España o Europa. Tenemos en esta ley la posibilidad de abordar futuros absentismo, actuar antes para que la ciudadanía no enferme. Es mejor actuar ex ante que culpar a los trabajadores que enferman de una responsabilidad que no es suya”, ha señalado.
Alcance de la reforma y cambios sancionadores
La ministra ha precisado que la nueva regulación se extenderá a la totalidad de las personas trabajadoras del país, incluyendo al personal del sector público y a los autónomos que operan en coordinación con empresas principales, un colectivo en el que el índice de incidencia de siniestralidad ha aumentado un 71,4%.
Asimismo, la vicepresidenta segunda ha destacado que el texto incorpora cambios en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), de forma que el pronto pago en casos de accidentes laborales y enfermedades profesionales deje de ser aplicable.
En cuanto al calendario, Díaz ha explicado que este martes se aprueba la norma y, en una fase posterior, se desarrollará el reglamento específico sobre la protección de la seguridad y salud frente a los riesgos psicosociales y al cambio climático, tal y como pactó con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, aunque sin una fecha cerrada.
“Primero se aprueba una norma y luego se hacen los reglamentos. No se puede hacer de ninguna otra manera. Por tanto, lo que hacemos hoy es aprobar esta norma y luego, no se preocupen, vamos a cumplir a pies juntillas antes de que acabe la legislatura”, ha asegurado.
El convenio 191 de la OIT entra en vigor en España
Díaz ha anunciado además que este martes ha entrado en vigor en España el convenio 191 de la OIT, que regula la Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Este convenio lo depositamos hace meses en Ginebra y hoy entra en vigor en nuestro país. Por lo tanto, el convenio 191 que regula la seguridad y la salud en el trabajo, el convenio más novedoso, entra en vigor. Y la clave sustancial para todas las empresas de nuestro país es que declara la seguridad y la salud en el trabajo como un derecho humano”, ha destacado la ministra.