El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a un nuevo real decreto ley de “escudo social” que contempla, entre otras medidas, la ampliación de la suspensión de los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea un gran tenedor o un “fondo buitre”, así como la extensión del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.
Este nuevo decreto de “escudo social”, que llega después de que el pasado 27 de enero el Congreso rechazara convalidar un único decreto donde se agrupaban la subida de las pensiones y la prórroga del anterior “escudo social”, incorpora disposiciones en materia de vivienda, energía, empleo, tributación y financiación territorial.
De forma paralela, el Ejecutivo ha sacado adelante este martes otro real decreto ley que recoge la revalorización de las pensiones para 2026, así como de otras prestaciones y cotizaciones, e incluye la congelación de las cuotas que pagan los trabajadores autónomos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Portavoz y de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido que estas iniciativas son “buenas” y que persiguen mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
“¿Qué le molesta al Partido Popular de un escudo social que protege a los vulnerables, que prorroga ayudas de la DANA, que facilita el abonar la factura de la luz y la factura del agua a personas que tienen especiales necesidades?”, ha espetado la portavoz del Gobierno.
Fuentes del Ejecutivo han explicado que la prórroga de la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa residencial blindará a estas personas frente a posibles desalojos en viviendas propiedad de “fondos buitre” o grandes tenedores.
De este modo, se mantiene el “escudo social” que ampara a los inquilinos sin otra opción habitacional que, por motivos sobrevenidos, no pueden hacer frente al pago del alquiler.
No obstante, en coherencia con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV, los propietarios de 1 o 2 viviendas (o que se encuentren también en situación de vulnerabilidad) quedarán fuera del alcance de esta prórroga del “escudo social”, y serán los servicios sociales competentes quienes deban buscar una solución habitacional de emergencia para los arrendatarios vulnerables.
Prórroga del bono social y garantías de suministro básico
En el ámbito energético, el Gobierno ha decidido prolongar el bono social energético y la garantía de suministro de agua y energía a consumidores hasta el 31 de diciembre de 2026, además de ajustar la tasa de retribución financiera de los sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031.
En materia laboral, el texto mantiene la prohibición de despedir para aquellas empresas que se beneficien de ayudas públicas.
En el terreno fiscal, se retoca el anexo de la ley del IVA relativo a los hidrocarburos, se modifica el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los regímenes simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y se ponen en marcha incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de infraestructuras de recarga y las inversiones ligadas a energías renovables.
Asimismo, se establece la exención en el IRPF para las indemnizaciones por daños personales derivados de incendios forestales, se incorpora una deducción por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y se actualiza el régimen de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.
Extensión de las ayudas por la DANA y medidas de financiación
El nuevo “escudo social” amplía también las ayudas directas por la DANA y la exención en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana vinculadas a este fenómeno meteorológico.
En el capítulo de financiación, se revisan al alza las entregas a cuenta para comunidades autónomas y entidades locales, se fija el régimen de endeudamiento autonómico y se declara la no exigibilidad de devolver ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil que el Estado haya reintegrado o vaya a reintegrar a las compañías de telefonía móvil.
Además, se extiende la suspensión de la causa de disolución por pérdidas asociadas a diversos acontecimientos naturales, y no se tendrán en cuenta las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que comience en 2026.