El Consejo de Ministros celebrado este martes ha dado luz verde al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el que se pretende reforzar la construcción de vivienda pública y asequible, impulsar la rehabilitación del parque residencial existente y poner en marcha nuevas líneas de ayuda para facilitar el acceso al alquiler y la emancipación. El programa sitúa en el centro a la población joven y a los colectivos más vulnerables con mayores dificultades para acceder a un hogar.
“Garantizamos que ningún euro de financiación que ponemos encima de la mesa vaya para la especulación, sino para el derecho (a la vivienda)”, ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, tal y como avanzó ayer la titular de Vivienda, el plan incorporará una cláusula específica para asegurar que los procesos de adjudicación de vivienda pública se desarrollen por cauces “objetivos, transparentes y público” tras el escándalo en el reparto de VPO en ciudades como Alicante.
“Fue objeto de atención informativa el caso de una inmobiliaria privada donde se conformaron colas para acceder a una promoción de vivienda asequible para jóvenes que parecía que estaban esperando las entradas a un concierto (...) Esto no es un concierto, es un derecho. No son las entradas para un concierto. Por tanto, tienen que existir mecanismos públicos de transparencia que lo garanticen”, ha expuesto.
El 40% del presupuesto del plan se dirigirá a incrementar de forma estable la oferta de vivienda protegida, otro 30% se destinará a la rehabilitación del parque residencial ya construido mediante ayudas concretas y el 30% restante se orientará a apoyos como los destinados a la emancipación juvenil, a reducir la tasa de esfuerzo financiero de los hogares y a intervenir en zonas tensionadas.
El programa contará con una dotación de 7.000 millones de euros, tres veces más que el plan precedente. De esa cantidad, el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante.
No obstante, según ha explicado la ministra, el Ejecutivo ha diseñado la planificación presupuestaria para que, en el segundo semestre del año, el plan pueda empezar a desplegarse en todo el territorio nacional, asumiendo la Administración General del Estado la totalidad del esfuerzo económico de este ejercicio con el fin de que no existan “excusas” para frenar su puesta en marcha.
“Es un plan muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial sino yendo a cambios estructurales que eran muy demandado por la ciudadanía, por el sector que ha sido avalado por los empresarios, por los sindicatos, con todas las aportaciones y que espero que se despliegue con esa lealtad que merece una respuesta tan necesaria como esta a solventar el problema de la vivienda por parte de las comunidades autónomas”, ha expuesto Rodríguez.
En este sentido, la ministra ha subrayado que se han reforzado las garantías jurídicas del programa y que se trata del plan más participativo hasta la fecha, tras la celebración de 28 reuniones con las comunidades autónomas para su diseño y la incorporación de 400 aportaciones procedentes del sector.
Asimismo, según ha detallado Rodríguez, el Consejo de Estado ha analizado también el plan y ha emitido un dictamen favorable, con varias observaciones que se han incorporado, lo que, a su juicio, aportará “mayor tranquilidad” al desarrollo del mismo.