El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito empresarial, conocido popularmente como Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social lo pactara y presentara junto a las organizaciones sindicales.
“El Estatuto de las personas becarias va al Consejo de Ministros. No se puede consentir de ninguna manera que terminen siendo contratos de personas trabajadoras o que de alguna manera se cubran puestos de trabajo con personas que están en un periodo de formación o de prácticas, porque esto tiene nombre, y es explotación laboral y es mano de obra esclava, y con esto hay que acabar, con estas prácticas hay que terminar”, ha señalado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Rego ha realizado estas declaraciones este lunes ante los medios, antes de intervenir en el acto de presentación del “Buzón de las personas becarias”, una herramienta impulsada junto al Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS) para que becarios y exbecarios puedan comunicar posibles irregularidades durante sus prácticas.
Entre los abusos que se pretenden detectar figuran la ausencia de relación entre los estudios y las tareas asignadas, la sustitución encubierta de personal de plantilla, la realización de las mismas funciones que el resto de trabajadores, la falta de tutor o la asignación de cometidos que exceden el marco formativo.
“Ponemos en marcha este instrumento que consideramos que puede ser tremendamente útil, precisamente para inspeccionar y para acabar con esta mala praxis de algunas empresas”, ha subrayado Rego.
Tramitación parlamentaria y discrepancias internas
Al tratarse de una ley, el texto deberá superar el trámite en las Cortes Generales. La iniciativa, que ha provocado fricciones dentro del Ejecutivo entre PSOE y Sumar, afrontará una negociación más compleja tras la ruptura de Junts con el Gobierno.
Pese a que la semana pasada el Congreso rechazó el decreto del escudo social, Rego mantiene la esperanza de que la Cámara Baja respalde el Estatuto del Becario. “Estamos hablando de una situación muy preocupante, pero consideramos que es importante que se vea que el Gobierno sigue trabajando y que cada grupo político se haga cargo de cuáles son las negativas”, ha aseverado.
En la clausura del acto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha cuestionado que la patronal española “no es la primera” en denunciar determinadas prácticas empresariales. “Parece que hay como una escisión entre Inspección de Trabajo y empresas”, ha lamentado.
“Este convenio Injuve-Inspección va a permitir atajar una fuente de precariedad que hace algo muy malo, que es degradar la formación. Los mal llamados becarios que hacen los trabajos de forma gratuita, sin derechos y, algo muy perverso, que es sustituyendo muchas veces puestos de trabajo directos”, ha criticado Díaz.
Régimen sancionador y límites a las prácticas
El texto legal, del que se desmarcaron los rectores al denunciar la falta de participación de la comunidad universitaria, establece un sistema de sanciones para las empresas que vulneren los derechos del alumnado, con multas que pueden alcanzar los 225.000 euros, así como la obligación de compensar los gastos de los estudiantes y la limitación de las prácticas extracurriculares a 480 horas.
El objetivo del proyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, es definir los periodos de formación práctica no laboral que pueden desarrollarse en el entorno empresarial y concretar el marco jurídico que los regula.
El Estatuto del Becario fija multas para las compañías de entre 120.006 y 225.018 euros cuando se cometan infracciones muy graves en su grado máximo. En el grado mínimo de las infracciones muy graves, las sanciones oscilarán entre 7.501 y 30.000 euros, mientras que en el grado medio se situarán entre 30.001 y 120.005 euros.
Serán consideradas infracciones muy graves, según el documento, aquellas conductas que supongan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad, o tratos favorables o adversos en materia de retribución, jornada, formación, promoción y demás condiciones laborales.
También se tipifican como muy graves las discriminaciones por sexo; origen, incluido el racial o étnico; estado civil; condición social; religión o convicciones; ideología; orientación sexual; pertenencia o no a sindicatos y a sus acuerdos; lazos de parentesco con otros empleados de la empresa o lengua dentro del Estado español, así como cualquier represalia frente a trabajadores por presentar una queja interna o por iniciar actuaciones administrativas o judiciales para exigir el principio de igualdad de trato y no discriminación.
Las empresas donde se desarrollen las prácticas deberán, además, resarcir los gastos del alumnado, en los términos fijados en el convenio o acuerdo de cooperación correspondiente, “por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención”.
Entre los periodos de formación práctica contemplados se incluyen finalmente las prácticas extracurriculares realizadas durante estudios oficiales de grado, máster universitario o doctorado.
Estas prácticas extracurriculares no podrán superar el 15 por ciento de las horas asociadas a los créditos ECTS de la titulación ni exceder las 480 horas.
Asimismo, se contemplan las prácticas vinculadas a títulos propios universitarios, siempre que la suma de prácticas curriculares y extracurriculares no supere el 25 por ciento de los créditos ECTS del título. En el caso de títulos propios con una duración mínima de 60 créditos ECTS, se permitirá fijar prácticas de hasta 3 meses.
Deberes de los alumnos en prácticas
La norma detalla también las obligaciones de las personas en formación práctica en la empresa, como respetar la normativa vigente sobre prácticas externas de su centro educativo; conocer y seguir el proyecto formativo, atendiendo a las indicaciones de la persona tutora designada por la empresa bajo la supervisión de la tutoría académica; mantener el contacto con esta última durante todo el periodo y comunicar cualquier incidencia, además de entregar la documentación e informes de seguimiento que se le soliciten.
Los estudiantes deberán incorporarse en la fecha acordada, cumplir el horario establecido en el proyecto educativo y respetar las normas internas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales, así como desarrollar con diligencia las actividades previstas conforme al proyecto formativo.
Entre sus deberes figura también guardar confidencialidad sobre la información interna de la empresa y mantener el secreto profesional tanto durante las prácticas como una vez finalizadas, así como mostrar una actitud respetuosa hacia la política de la compañía y proteger la buena imagen del centro formativo al que pertenecen.