El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto dar el visto bueno definitivo al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con hasta 7.000 millones de euros, una cantidad que triplica la del programa anterior y que busca blindar de manera permanente el parque de vivienda pública.
El diseño del plan prevé que el 40% de los fondos se oriente a incrementar de forma estable la oferta de vivienda protegida, otro 30% se dirija a la rehabilitación del parque residencial ya existente mediante distintas líneas de ayuda y el 30% restante se reserve para programas como los de emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero de los hogares y la actuación en zonas tensionadas.
Una de las principales novedades es la introducción del principio de protección indefinida para las viviendas públicas, de modo que todos los inmuebles que se promuevan o adquieran con cargo a este plan mantendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
En cuanto a la financiación, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 establece que el Estado asumirá el 60% del esfuerzo inversor, mientras que las comunidades autónomas deberán aportar el 40% restante. Esto implica un incremento de la contribución autonómica respecto a anteriores planes, en los que su participación era del 25% y el resto correspondía a la Administración central.
Este reparto fue uno de los aspectos más cuestionados por los ejecutivos autonómicos del Partido Popular, que denunciaron que el nuevo esquema de financiación vulnera el principio de igualdad entre españoles y la autonomía de las comunidades, llegando a tildar el plan de vivienda de “ideológico”.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se estructura en cinco grandes ejes: el impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; la rehabilitación para ganar en eficiencia y accesibilidad; la puesta en marcha de medidas específicas para rebajar la edad de emancipación de los jóvenes; la disminución de la tasa de esfuerzo para facilitar el acceso en condiciones asequibles; y la actuación en zonas de mercado tensionado donde el acceso a la vivienda resulta especialmente difícil.
El texto, que incorpora aportaciones de las comunidades autónomas, llega finalmente al Consejo de Ministros con casi cuatro meses de retraso respecto al calendario inicial de la ministra Isabel Rodríguez, que pretendía aprobarlo a finales del año pasado, aunque el proceso se alargó para cerrar un acuerdo con los gobiernos autonómicos.
El plan se aprobará este martes mediante un Real Decreto, por lo que no necesitará el respaldo del Congreso de los Diputados, y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
AYUDAS AL ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
Entre las medidas novedosas del nuevo Plan Estatal de Vivienda figuran ayudas dirigidas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente de hasta 300.000 euros, así como subvenciones superiores a 10.800 euros para jóvenes que adquieran o promuevan su primera vivienda en municipios en riesgo demográfico.
El borrador contempla también elevar la cuantía del bono alquiler joven hasta 300 euros mensuales, frente a los 250 euros actuales; se prevé asimismo una ayuda de hasta 250 euros al mes para el alquiler de vivienda habitual y un paquete específico de apoyos al alquiler para colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género, personas desahuciadas de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros grupos especialmente vulnerables.
Además, según explicó la ministra esta semana, el plan incorpora ayudas a la rehabilitación para intervenciones estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda, subvenciones de accesibilidad de hasta 13.000 euros por vivienda y apoyos para la rehabilitación energética de hasta 20.500 euros por vivienda.
Se pondrán en marcha, igualmente, ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías con una cuantía máxima de 35.000 euros, condicionadas a que posteriormente se destinen al alquiler residencial, durante al menos cinco años, a un precio asequible.
El programa contempla también ayudas de hasta 85.000 euros para la construcción de vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, que podrán destinarse a la venta.