El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un paquete extraordinario de ayudas por 2.874,1 millones de euros dirigido a agricultores, pescadores, ganaderos y acuicultores de Andalucía y Extremadura, perjudicados por las fuertes borrascas registradas en el último mes.
Estas actuaciones se incluyen en el real decreto-ley de medidas urgentes para responder a los daños provocados por las inundaciones y otros episodios ocurridos en distintos municipios, y tienen como objetivo compensar los perjuicios ocasionados por estos fenómenos meteorológicos desde el 1 de enero, que han golpeado con especial intensidad a estos sectores en ambas comunidades autónomas.
Según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la mayor parte del montante corresponde a ayudas directas por 2.174 millones de euros para 619 municipios de Extremadura y Andalucía, que se concederán de oficio, sin que los beneficiarios tengan que realizar trámites previos.
El bloque principal de esta dotación se concreta en subvenciones por 2.121 millones de euros para compensar la pérdida de renta de agricultores, ganaderos y acuicultores inscritos en el registro autonómico de explotaciones agrarias, mediante una ayuda de entre 5.000 y 25.000 euros, que representará el 30% de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal.
Como complemento, se prevé una ayuda directa adicional de 43,1 millones de euros para las personas titulares de pólizas de seguro agrario y un paquete de ayudas directas de 10 millones de euros para los armadores de buques pesqueros con puerto base en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, que serán compensados ante pérdidas superiores al 40%.
Del total restante, 700 millones de euros, la mayor parte se canalizará a través de las empresas públicas Tragsa y Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), con una dotación de 600 millones destinada a la reparación de caminos e infraestructuras agrarias dañadas, así como de instalaciones de regadío en todo el territorio andaluz y extremeño.
Los otros 100 millones de euros se articulan mediante una línea de financiación especial del Instituto de Crédito Oficial-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (ICO-MAPA-SAECA), dirigida a las personas afectadas de los sectores agrario y pesquero de ambas comunidades.
A través de esta vía, “se bonificará el 15% del principal de las operaciones de financiación y el 100% del coste del aval”.
El Ministerio añade en su comunicado que el real decreto-ley incorpora además medidas de carácter fiscal y laboral, entre ellas la reducción de las jornadas exigidas para acceder al subsidio y la renta agrarios, “de 35 a cinco”.
Asimismo, se contempla la consideración de fuerza mayor a efectos del cumplimiento de requisitos para optar a determinadas ayudas en el marco de la Política Agraria Común (PAC), la rebaja de módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para el sector agrario y la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica.