El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado este martes que el Gobierno ha frenado en torno a 200 operaciones de adquisición de material de defensa a compañías israelíes desde que entró en vigor el embargo a Israel, después de que el Ejecutivo haya autorizado una excepción a Airbus para comprar productos procedentes del Estado hebreo.
El embargo a la compraventa de material de defensa con Israel está activo desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de septiembre y el Ejecutivo sostiene que formaliza una decisión que ya se venía aplicando “de facto” desde el 7 de octubre de 2023.
El Gobierno trasladó esta medida al Congreso como decreto ley, pero finalmente se acordó su tramitación como proyecto de ley para que los socios del Ejecutivo pudieran plantear modificaciones en el texto, tal y como habían reclamado al considerarlo insuficiente y entender que se incluyen demasiadas excepciones vinculadas a la seguridad nacional.
En este marco, el último Consejo de Ministros del año dio luz verde a una de esas excepciones a favor de Airbus con “fines industriales”.
El permiso concedido a Airbus posibilita, según detalló la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la compañía continúe importando componentes para desarrollar proyectos concretos en el ámbito aeronáutico, como los programas A400 o C295, que requieren tecnología israelí.
Doscientas operaciones bloqueadas frente a una excepción
En este contexto, López ha precisado que desde que rige el embargo se han paralizado “más de 200 operaciones de compra de material que tenían que ver con Israel” frente a una única excepción, la de Airbus. “Y se ha aprobado una”, ha remarcado, en una entrevista en “Las Mañanas” de TVE y recogida por Europa Press.
Sumar, la parte minoritaria del Gobierno de coalición, mostró su rechazo a la excepcionalidad otorgada, alegando que, a su juicio, no está suficientemente justificada.
Preguntado por la crítica de los socios del Ejecutivo, López ha reiterado que la excepción concedida a Airbus “era vital y estratégica para que la industria española pudiera colaborar” con la multinacional aeronáutica.