El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una revisión de los límites de gasto asignados a Correos para el periodo 2025-2030, con la finalidad de incorporar los 805 millones de euros acordados con las organizaciones sindicales, de forma que la compañía pública pueda asumir la prestación de nuevos servicios públicos dirigidos a la ciudadanía.
Esta dotación supone una bolsa adicional de 150 millones de euros al año entre 2026 y 2030, lo que implica 750 millones de euros, a los que se añaden 56 millones correspondientes de forma proporcional a los cinco meses de 2025 en los que ya se estaban desarrollando estos nuevos servicios, conforme a lo autorizado en el Consejo de Ministros celebrado este martes.
El Ejecutivo encargó a Correos la puesta en marcha de nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG), que abarcan numerosos trámites administrativos y financieros en zonas rurales y que se suman a su función como operador postal universal. Con ello se busca aprovechar su extensa red de 3.388 oficinas y más de 6.000 carteros repartidos por todo el territorio para acercar servicios esenciales a la población.
De este modo, España sigue la senda marcada por otros Estados europeos, como Italia, ante la caída de los ingresos derivados del negocio tradicional de envío de cartas y el efecto que esta situación está teniendo en las cuentas públicas de los operadores postales.
La finalidad de su nueva consideración como operador SIEG es que Correos actúe como aliado de la Administración en cualquier punto del país, permitiendo realizar solicitudes administrativas, pago de multas y tributos, prestar servicios financieros o emitir certificados digitales.
Su papel como operador SIEG y la prórroga de su condición de operador postal universal hasta 2030 ya figuraban en el plan estratégico 2024-2028, consensuado entre la empresa y los sindicatos el pasado verano.
Este plan contemplaba duplicar los recursos públicos destinados a Correos por la prestación del servicio postal público, pasando de los 110 millones de euros anuales que venía percibiendo en los últimos ejercicios a entre 210 y 250 millones de euros desde ahora, hasta alcanzar un total de 1.050 millones de euros en todo el periodo.
Un segundo eje del plan dispone de 1.350 millones de euros, de los que 750 millones se vinculan al gasto del SIEG autorizado este martes y otros 600 millones se orientan a su proceso de internacionalización.
El tercer eje se centraba en el ámbito laboral, incluyendo nuevas ofertas de empleo público de entre 3.000 y 4.000 puestos, la implementación de la jornada de 35 horas y el estudio de la semana laboral de cuatro días, avanzar en salarios hasta los 2.000 euros y la negociación de un nuevo convenio colectivo.