Los beneficiarios de la prestación por desempleo dejarán de estar obligados a presentar la declaración del IRPF. Así lo establece un Real Decreto-ley 'ómnibus' publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se reconoce que dicha exigencia "excede la intención de la norma", por lo que "resulta así necesaria la supresión de esta obligación de presentar declaración por IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo".
En marzo, el Ejecutivo ya había decidido que los perceptores del paro no tendrían que presentar la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2024, que se declaraba este año, posponiendo la aplicación de esta obligación hasta 2026.
No obstante, el BOE precisa que, para impedir que mediante una norma del ámbito social, como la Ley General de la Seguridad Social, se alteren las obligaciones tributarias de las personas que cobran prestaciones por desempleo, se estima imprescindible "la supresión de esta obligación de presentar declaración por IRPF".
El texto remarca que el alcance actual de esta carga no se limita a un mero trámite formal y que "excede la intención de la norma", cuyo objetivo original era proporcionar una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo.
Además, se advierte de que mantener esta exigencia incrementaría de forma notable las cargas administrativas para cerca de dos millones y medio de personas que cada año comienzan a percibir la prestación por desempleo, así como para la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que tendría que asumir la tramitación de un elevado número de declaraciones adicionales.
El Gobierno recuerda que esta obligación de declarar incorporó a más de 2,5 millones de contribuyentes como nuevos obligados a presentar IRPF, de los cuales el 75% perciben rentas por desempleo inferiores a 5.400 euros. De este modo, la extensión de la obligación de presentar declaración por IRPF no se limita a una cuestión formal, sino que implica que muchos de estos contribuyentes deban autoliquidar e ingresar una cuota tributaria que no les correspondería según la normativa estrictamente tributaria.
Asimismo, el Ejecutivo advierte de que la imposición de esta obligación puede comportar la pérdida del derecho a aplicar el mínimo por descendiente, por lo que concluye que "todo lo anterior justifica la necesidad de suprimirla de forma inmediata".