El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de ley, que se someterá ahora a audiencia pública, para incorporar al derecho español varias normativas europeas sobre mercados de valores. Entre ellas figuran nuevos incentivos para que más compañías den el salto a Bolsa, según ha informado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Este paquete legislativo aborda directamente las trabas que las propias empresas han detectado en los mercados de valores y actualiza el marco regulatorio español en sintonía con las reglas comunitarias. Sus objetivos centrales son incrementar el número de empresas españolas que se deciden a cotizar para financiar su expansión y, al mismo tiempo, aumentar la base de inversores minoristas.
El anteproyecto de ley, junto con el proyecto de real decreto que completa este paquete de transposición, incorpora al ordenamiento interno el paquete europeo “Listing Act”, el paquete “MiFID/MiFIR”, las directivas Aifmd/Ucits y el paquete Emir 3.0. En conjunto, el ministro Carlos Cuerpo ha detallado que se modificarán la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Entidades de Capital-Riesgo.
Entre los cambios más destacados figura la rebaja del porcentaje mínimo de ‘free float’ exigido para empezar a cotizar, que pasa del 25% al 10%.
Cuerpo ha subrayado que con esta modificación se atiende una de las mayores inquietudes de las pymes ante su salida a Bolsa: la posible pérdida de control de los promotores. “Lo que hacemos es reducir el riesgo de que se diluya su participación”, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, se introduce la figura de las acciones de “voto plural”, que permitirán a los fundadores mantener el control de la compañía en el momento de su incorporación al mercado de valores.
Otra de las novedades es el aumento del umbral de exención de la obligación de elaborar folleto informativo, que pasa de 8 a 12 millones de euros, junto con una reducción y simplificación de las cargas de información para las empresas de menor dimensión.
El texto también incorpora medidas para ampliar las vías de financiación empresarial y diversificar los vehículos a través de los cuales el ahorro puede canalizarse hacia la economía real.
En esta línea, se armoniza el régimen que regula la concesión de préstamos a empresas por parte de los fondos de inversión alternativos, introduciendo las salvaguardas necesarias para reforzar su función como fuente de financiación complementaria a la banca tradicional. En todo caso, se mantiene la prohibición de conceder préstamos a consumidores.
Asimismo, se contemplan distintas actuaciones para que los inversores minoristas puedan invertir con más información y menos conflictos de interés. Se refuerza la transparencia en la remuneración de los intermediarios en el ámbito de los fondos de inversión y se impulsa la cobertura de análisis de las compañías cotizadas de menor capitalización.
En el plano más técnico, la reforma armoniza los instrumentos de gestión de liquidez de los fondos de inversión de tipo abierto y exige que los centros de negociación puedan limitar o suspender temporalmente la negociación también en situaciones de emergencia —a la vista de la experiencia de la crisis energética de 2022—, y no solo ante fuertes oscilaciones en los precios de los instrumentos financieros, como ocurría hasta ahora. Además, se pretende disminuir el riesgo de concentración en entidades de contrapartida central de importancia sistémica radicadas fuera de la Unión Europea.