El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto que ordena los procedimientos nacionales para la inscripción, modificación y anulación de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales en el Registro de la Unión Europea (UE), así como diversos aspectos vinculados a estas figuras, en línea con la normativa comunitaria.
Con esta norma se configura un nuevo título jurídico de propiedad industrial que ofrece una protección uniforme en toda la UE para las Indicaciones Geográficas de Productos Artesanales e Industriales, también conocidas como Indicaciones Geográficas no agrícolas.
El Reglamento europeo sobre estas indicaciones requiere un desarrollo específico en cada país miembro, ya que el proceso de registro de una indicación geográfica se articulará en dos etapas diferenciadas: una fase nacional y otra posterior a escala de la Unión.
La OEPM asume la competencia nacional
En virtud de este real decreto, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) pasa a ser la autoridad nacional competente. Asimismo, la norma detalla el procedimiento interno para solicitar una indicación geográfica de productos artesanales e industriales.
El promotor de la solicitud deberá tramitarla por vía electrónica, siendo la OEPM quien la reciba y actúe como punto de conexión entre los órganos competentes de las comunidades autónomas, en función del ámbito territorial, y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo).
Cuando se trate de solicitudes de indicaciones geográficas cuyo ámbito geográfico abarque más de una comunidad autónoma, la OEPM asumirá directamente la tramitación de la fase nacional, en la que se incluye la posibilidad de que terceros presenten oposiciones.
Una vez superada con resultado favorable la fase nacional, mediante resolución positiva de la autoridad competente, la OEPM remitirá el expediente a la Euipo para que se inicie la fase de la Unión. Además, se contempla la creación de una “Mesa de coordinación de indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales” como órgano colegiado de coordinación entre la autoridad nacional competente y los órganos autonómicos responsables en materia de calidad diferenciada ligada a un origen geográfico o a una tradición.
El real decreto también regula el sistema de control oficial de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales cuyo ámbito territorial se prolongue por más de una comunidad autónoma.
Por último, el Ejecutivo ha señalado que el impacto económico previsto de la norma es “positivo”, dado que los efectos favorables “alcanzarán a todos los operadores económicos, tanto empresas como consumidores, y tendrá efectos positivos para la creación de empleo y el desarrollo local”.