El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al nombramiento de Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que releva así en el cargo a José Luis Rodríguez Álvarez.
La decisión del Ejecutivo se produce después de que su candidatura fuera avalada por mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, una vez que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la propusiera el pasado 24 de febrero.
Campos Acuña, cuyo mandato será de cinco años y no podrá ser renovado, ha adelantado que sus tres ejes de trabajo serán “la actualización normativa y el refuerzo de la institución, la cooperación con otros órganos y entidades y el aprovechamiento responsable de la tecnología”.
Asimismo, ha subrayado que afrontará esta responsabilidad “con absoluta independencia y objetividad, con lealtad a la ley y a la ciudadanía, con transparencia y con una dedicación plena a la institución y a los ciudadanos a los que sirve”.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, autoridad administrativa independiente encargada de garantizar el acceso a la información pública y la transparencia en el ámbito estatal, es definido como un órgano “clave para el Estado de Derecho” y para “garantizar el derecho de acceso a la información a la opinión pública, velar por el cumplimiento de obligaciones de Transparencia y promover la cultura de transparencia en el conjunto del sector público español”.
Doctora en Derecho 'Cum Laude' y Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela, Concepción Campos Acuña acumula más de 20 años de trayectoria en la administración pública como secretaria de Administración Local, según detalla en una nota el Ministerio que ha impulsado su candidatura.
En la actualidad se encontraba en situación de excedencia, desarrollando labores como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y ocupaba la coordinación del Grupo de Trabajo de “Integridad en la Contratación Pública” de la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha llevado a cabo diversos proyectos. Su último destino en la administración fue el Ayuntamiento de Vigo.