El Gobierno, a instancias del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha planteado el nombramiento de Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la autoridad administrativa independiente encargada de velar por el acceso a la información pública y la transparencia en el ámbito estatal, tras la finalización del mandato de José Luis Rodríguez Álvarez.
Doctora en Derecho 'Cum Laude', máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas y licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Concepción Acuña es una directiva pública profesional, secretaria de Administración Local, categoría superior, con más de 20 años de experiencia (su último destino fue el Ayuntamiento de Vigo). En la actualidad se encuentra en situación de excedencia como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad Rovira i Virgili.
Ha sido representante técnica en la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde ha desempeñado diferentes trabajos en relación con la materia, como la coordinación del proceso de revisión del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP (2015) y una de las coordinadoras de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Información Pública y Reutilización.
Es Coordinadora del Grupo de Trabajo de “Integridad en la Contratación Pública” de dicha Red, promoviendo actividades de formación, divulgación y editoriales; también en la misma ha sido miembro del grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el procedimiento para la designación de la persona que presida este organismo independiente, dotado de personalidad jurídica propia, participan tanto el Gobierno como el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo eleva una propuesta de candidato o candidata que debe comparecer ante la Comisión correspondiente del Congreso y lograr el respaldo de la Cámara por mayoría absoluta.
La Presidencia del Consejo está sujeta a un mandato de cinco años, no prorrogable, y el cargo se desempeña con dedicación exclusiva y bajo el estricto cumplimiento del régimen de incompatibilidades aplicable a los altos cargos de la Administración General del Estado.