El Gobierno apura los últimos retoques de su paquete de actuaciones para amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán, en el que sopesa incluir una reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10%, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras del diseño de este plan.
El Ejecutivo, que continúa a esta hora cerrando los flecos de las medidas que se validarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, contempla incorporar también en este paquete recortes fiscales en la factura eléctrica, mejoras en el bono social eléctrico y garantías adicionales sobre el suministro de energía, de acuerdo con las mismas fuentes.
La posible rebaja del IVA del 21% al 10% en los carburantes que el Gobierno valora incluir en su plan anticrisis contrasta con la bonificación generalizada de 20 céntimos por litro de combustible que el Ejecutivo aprobó en 2022 para mitigar las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Las patronales y las asociaciones de gasolineros habían reclamado al Gobierno que en esta ocasión apostara por aliviar la carga fiscal sobre los carburantes, ante los problemas operativos y de gestión que generó la bonificación al combustible puesta en marcha tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
El paquete anticrisis que se prevé aprobar hoy suprimirá igualmente el impuesto especial a los hidrocarburos, eliminará el impuesto especial eléctrico, actualmente situado en el 5%, y reducirá el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, según avanza la cadena SER.
Sánchez detallará el nuevo plan anticrisis
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este viernes ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario para explicar el plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán.
Desde el Ejecutivo subrayan que será un plan “proporcional, perimetrado y focalizado” en contener el impacto del encarecimiento de los combustibles y de la electricidad.
Después de mantener contactos con los agentes sociales, los sectores más golpeados por el conflicto y los grupos parlamentarios, el Gobierno presentará un paquete que se articula en cuatro ejes: medidas estructurales, bloque fiscal, actuaciones dirigidas a los sectores más afectados y un escudo social para los colectivos más vulnerables.
La primera de estas áreas es la estructural y se centra en reforzar la apuesta por las energías renovables --impulsando comunidades energéticas, autoconsumo o bombas de calor-- y la electrificación de la economía.
La segunda dimensión se orienta a la reducción del coste energético y eléctrico mediante instrumentos fiscales. El tercer bloque está ligado a la contención del impacto de la subida de los carburantes, con especial atención al campo, la pesca, los transportistas y las industrias electrointensivas y gasintensivas, mientras que el último bloque incluye medidas de escudo social, como la imposibilidad de cortes de suministro energético a los más vulnerables.
Además, tanto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya han adelantado que el decreto no incorporará iniciativas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables ni la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que vencen este año y el próximo, al no existir respaldo suficiente en la Cámara para sacarlas adelante.
Tramitación urgente en el Congreso el próximo jueves
El Congreso debatirá y someterá a votación el próximo jueves, 26 de marzo, este decreto ley con medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán.
Como ocurre con todo decreto ley, su entrada en vigor será inmediata, pero posteriormente deberá ser votado en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo máximo de treinta días. No obstante, la Junta de Portavoces ha acordado que, cuando el decreto ley llegue a la Cámara Baja, se califique de forma ágil en la Mesa del Congreso para incorporarlo al Pleno de la próxima semana y no retrasar la convalidación.
Desde el Gobierno han insistido en que este plan dispondrá de la flexibilidad necesaria para ir “adaptando y adoptando” las medidas oportunas en función de cómo evolucione la situación.