La red es limitada y la demanda es alta. El Gobierno quiere liberar capacidad en la red eléctrica y prepara una reforma para evitar garantizar que exista hueco para nuevos proyectos. Por ejemplo, aquellos vinculados a la promoción de vivienda, según indicaron fuentes del departamento.
En este contexto, explican que en las próximas semanas se presentará un primer paquete regulatorio sobre la conexión técnica de demandas asociadas a electrónica de potencia, “para facilitar que cumplan el criterio dinámico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), evitar que destruyan capacidad de acceso en su entorno y, además, aflorar una capacidad relevante”.
El equipo dirigido por Sara Aagesen, que remarca su coordinación con la CNMC y con las compañías del sector eléctrico, destacó la utilidad de la publicación del mapa de capacidad de la red de transporte de electricidad por parte del operador del sistema, Red Eléctrica de España. Este documento, que muestra que el 25% de los nudos aún conservan margen para nueva demanda, “demuestra que España es un gran polo de inversión, gracias las políticas de los últimos años”. “Contamos con energía limpia y competitiva, hay una buena situación económica y previsión de crecimiento, y tenemos talento y paz social”, añadieron.
Al mismo tiempo, el operador del sistema ha puesto de relieve que desde 2022, año en que se aprobó la actual planificación, se han otorgado 11,8 gigavatios (GW) de capacidad para nuevas demandas sin que ninguna de ellas haya entrado todavía en funcionamiento. Los beneficiarios disponen de un plazo de cinco años desde la concesión del permiso, de modo que el volumen de demanda con autorización pero pendiente de conexión a la red de transporte equivaldría a un incremento del 25% respecto al consumo eléctrico actual del país.
En relación con ello, desde el Ministerio recalcan que “no hay saturación de las redes”; sino “un acaparamiento de permisos indebido y un efecto pernicioso de nuevos tipos de demanda, a las que es preciso exigir criterios de robustez para evitar que retiren capacidad a otros proyectos”.
Por este motivo, las mismas fuentes sostienen que “muchos países querrían estar en la posición de España”, al poder escoger los proyectos más sólidos, aquellos que generen mayor valor añadido con el menor impacto ambiental posible. En esta línea, insisten en la importancia de “gestionar la abundancia para que dé los mejores frutos”.
El departamento subraya además que “el atractivo inversor de España es tal que desde 2020 se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución equivalentes a duplicar la demanda nacional en pocos años”.
Prácticas de acaparamiento “especulativas e inaceptables”
Según apuntan desde el Ministerio, este elevado volumen de solicitudes ha ido restringiendo la capacidad libre en las redes para incorporar nuevos proyectos, “e incluso se han detectado prácticas de acaparamiento de derechos de acceso especulativas e inaceptables”.
En este sentido, recuerdan que el departamento ya ha puesto en marcha medidas para combatir ese acaparamiento de derechos de acceso, como fijar su caducidad a los cinco años o exigir la aportación del 10% del coste de las actuaciones necesarias en la red antes de que transcurra un año desde la recepción del derecho de acceso.