El Gobierno tiene previsto dar luz verde mañana, en el último Consejo de Ministros de este año, a los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Estas cuentas son las que siguen vigentes en la actualidad, después de que ni en 2024 ni en 2025 se hayan llegado a aprobar nuevos Presupuestos.
Tal y como recoge el artículo 134.4 de la Constitución Española, “si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.
Pese a esa prórroga automática, el Ejecutivo está obligado a finales de cada ejercicio a fijar formalmente los criterios de aplicación de esa extensión presupuestaria cuando no hay nuevas cuentas. Este procedimiento suele abordarse y validarse precisamente en el último Consejo de Ministros del año.
De este modo, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 quedarán prorrogados de forma automática por tercera vez el próximo 1 de enero. A partir de ahí, el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez es registrar y sacar adelante en la primera parte del año en las Cortes Generales un nuevo proyecto de Presupuestos para 2026.
Esta será la undécima prórroga de unas cuentas públicas en la etapa democrática, una circunstancia que ya se produjo con los Presupuestos de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, en dos ocasiones con los de 2018 y ahora, por tercera vez, con los correspondientes a 2023.
Con un Parlamento especialmente fragmentado y tras la ruptura definitiva anunciada por Junts, el Ejecutivo afronta un escenario complejo para amarrar los apoyos necesarios que permitan alumbrar unas nuevas cuentas públicas para España.
Lo que sí tiene ya cerrado el Gobierno es el límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2026, que se sitúa en la cifra récord de 216.177 millones. También ha definido la senda de déficit y deuda de las administraciones públicas, a pesar del rechazo expresado por el Congreso.
Al haber sido tumbada en la Cámara Baja la senda de déficit propuesta, se aplicará la incluida en el plan fiscal estructural a medio plazo remitido el año pasado a Bruselas. Ese marco reduce el margen de gasto de las comunidades autónomas y concede una mayor flexibilidad a la Administración Central.
El objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas descenderá desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. En cuanto a la deuda pública, el Gobierno fija la meta para el total de las administraciones en el 100,9% del PIB en 2026, el 100% en 2027 y el 99,1% en 2028.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha avanzado que los Presupuestos de 2026 serán “expansivos y responsables” y ha remarcado que está trabajando para que sean entendidos por la mayoría de los grupos parlamentarios como una “necesidad” que debe trasladarse a los hogares.