Gobierno y sindicatos han abierto las negociaciones sobre la oferta de empleo público (OEP) de 2026 para la Administración General del Estado (AGE). Aunque en este primer encuentro no se han puesto números sobre la mesa, desde el Ministerio de Función Pública se ha trasladado que la propuesta se asemejará a la de 2025, que contempló 26.889 plazas, según ha comunicado este lunes CSIF.
De acuerdo con este sindicato, la reunión se ha desarrollado sin presentar aún las líneas maestras de la OEP, pero el departamento que encabeza Óscar López ha reiterado que será “muy similar a la del año pasado” y que la idea del Gobierno es que quede aprobada en abril.
CSIF y UGT Servicios Públicos coinciden en que la OEP de 2026 debe diseñarse ya teniendo en cuenta la próxima implantación en la AGE de la jornada laboral de 35 horas semanales.
CSIF ha exigido que la oferta de 2026 no se limite a repetir las cifras del ejercicio anterior, sino que las mejore tanto en el turno libre como en la promoción interna, reforzando especialmente los ámbitos “especialmente deficitarios” de personal: el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias y los servicios implicados en la regularización de personas extranjeras.
Ante la falta de Presupuestos Generales del Estado, CSIF ha reclamado también al Ejecutivo que habilite alguna vía para suprimir la tasa de reposición, el límite que impide a las administraciones cubrir todas las bajas y jubilaciones, y así permitir que cada departamento planifique sus recursos humanos según las necesidades reales de plazas.
El sindicato ha recordado en una nota que rechazó la OEP del año pasado porque, a su juicio, generó menos de la mitad de empleo neto que en 2024 y redujo “de manera significativa la promoción interna”.
“En la oferta de este año se deben aplicar los criterios del Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público para agilizar y mejorar los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, así como para el refuerzo de la atención directa a la ciudadanía”, sostiene CSIF.
Por su parte, UGT ha apremiado al Gobierno para que presente una propuesta numérica concreta de la OEP antes de la próxima cita negociadora, fijada para el miércoles.
El sindicato ha dejado claro que solo respaldará una oferta de empleo público que garantice que la implantación de la jornada de 35 horas sea compatible con la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.
Durante la reunión, UGT Servicios Públicos ha vuelto a defender la necesidad de crear empleo neto y de cumplir los compromisos asumidos en ofertas anteriores que aún no se han ejecutado por completo.
En concreto, ha reclamado acelerar los procesos selectivos para que arranquen en el mismo año de su publicación, recortando así los plazos hasta su resolución definitiva.
Según ha denunciado UGT, siguen sin convocarse las ofertas de personal laboral de 2023, 2024 y 2025, que suman 5.765 plazas de nuevo ingreso y 3.238 de promoción interna pendientes de convocatoria.
Aplicación inminente de la jornada de 35 horas
UGT ha informado además de que la implantación en la Administración General del Estado de la semana laboral de 35 horas está cada vez más próxima gracias a los avances registrados en una reunión técnica celebrada este lunes entre Gobierno y sindicatos.
El sindicato ha señalado que el miércoles se presentará un nuevo borrador que incorporará las mejoras planteadas por las organizaciones sindicales, con la vista puesta en que el acuerdo sobre las 35 horas pueda firmarse el viernes en la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado.
De esta forma, y tras meses de diálogo, “se daría por fin cumplimiento” a una medida incluida en el Acuerdo para una Administración del siglo XXI, firmado por UGT Servicios Públicos y CCOO con el Gobierno.
UGT ha explicado que la jornada de 35 horas abarcará a todos los colectivos de la AGE y ha reclamado al Ejecutivo que se preserven los derechos ya conquistados, como la flexibilidad horaria o las cortesías, evitando cualquier retroceso en las condiciones pactadas.
En esta línea, el sindicato ha pedido que el acuerdo recoja una cláusula específica que blinde los pactos internos vigentes en materia de jornada, horarios y calendarios.
“Este es el momento de consolidar una reivindicación histórica sin dar ni un paso atrás”, ha subrayado UGT, que insiste en que la jornada de 35 horas debe dejar de ser una mejora opcional para convertirse en un derecho reconocido y aplicable a todo el personal de la Administración General del Estado.
Además, ha advertido de que no aceptará que su puesta en marcha implique recortes en conciliación o flexibilidad, ni un deterioro en la calidad del servicio público.
Nuevo marco para el acceso al empleo público de personas con discapacidad
Paralelamente, Función Pública y las organizaciones sindicales ultiman un acuerdo para mejorar tanto el acceso al empleo público como la provisión de puestos para personas con discapacidad. Según ha avanzado CSIF, se reservará un cupo no inferior al 10% de las plazas ofertadas en turno libre y promoción interna.
Entre las medidas previstas figuran la convocatoria de pruebas específicas e independientes, la reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual y la fijación de criterios en los procesos selectivos que tengan en cuenta las barreras arquitectónicas, tecnológicas, de comunicación y también las de carácter procedimental u organizativo que puedan dificultar la participación en igualdad de condiciones.
Igualmente, según CSIF, se reconocerán las situaciones de discapacidad sobrevenida, garantizando el derecho a las adaptaciones del puesto de trabajo, el reconocimiento del desempeño efectivo de las funciones propias de su categoría profesional y el acceso a la formación y a la cualificación profesional.