La Subdirección General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rechazado la prórroga extraordinaria de dos años solicitada por los inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social situadas en zonas céntricas de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.
Así se ha trasladado a los residentes afectados por la operación de venta de estas viviendas públicas en una notificación oficial, con fecha del pasado día 30 y a la que ha tenido acceso Europa Press, remitida por este organismo dependiente del departamento dirigido por Elma Saiz.
En dicha comunicación se niega la posibilidad de acogerse a la prórroga de alquiler de dos años contemplada en el Real Decreto 8/2026, relativo a las prórrogas extraordinarias de protección para los inquilinos de vivienda habitual.
La resolución impacta en numerosas viviendas desocupadas localizadas en el centro de la capital, en barrios como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico, procedentes de la Sociedad Pública de Alquiler, creada durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y disuelta en 2012.
Según ha señalado el Sindicato de Inquilinas de Madrid en una nota, la negativa del Ministerio ha sido recibida con "sorpresa e incredulidad" por los arrendatarios, al tratarse de una medida impulsada por el propio Gobierno que, sin embargo, no se aplica a viviendas cuyo propietario es una entidad pública estatal, como ocurre en este caso.
En esta línea, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han remarcado que "no existe ningún impedimento legal" para hacer efectiva la prórroga y extender los contratos durante dos años mientras se abre "una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas, incluidas aquellas que ya han recibido demandas de desahucio".
Los inquilinos han denunciado en repetidas ocasiones que ningún representante del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni del Ministerio de Vivienda ha accedido a reunirse con ellos para aclarar los detalles de la venta de las viviendas. Han llegado incluso a ocupar la sede de la Tesorería en la calle Doctor Esquerdo para exigir un encuentro, además de interrumpir los actos de subasta de los inmuebles, sin haber obtenido respuesta hasta ahora.
En este contexto, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha insistido en que esta actuación "no hace sino aumentar la opacidad de esta operación de privatización y reforzar las sospechas sobre posibles intereses particulares en la subasta" de estas casas.
Asimismo, el colectivo ha recordado que la ministra de Vivienda "insiste públicamente en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda", pero no ha ofrecido "ninguna explicación sobre la venta de estas viviendas, que suponen una clara disminución de recursos habitacionales en plena crisis de vivienda".
En la misma línea, el sindicato ha calificado de "incoherente" que el Ministerio de Vivienda anuncie esta semana la adquisición de 600 viviendas a través de Casa 47, mientras la Tesorería de la Seguridad Social mantiene más de 800 viviendas vacías y prepara el desalojo de inquilinos que residen en ellas desde hace más de dos décadas.
"Cabe recalcar que esta actuación contraviene distintos artículos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, en concreto, el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas no solo a mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo", ha advertido el sindicato.
Los residentes, organizados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, han reiterado que "darán la batalla" por todas las vías disponibles, incluida la contencioso-administrativa, "hasta conseguir que las viviendas se incorporen al parque público de vivienda en alquiler permanente sin suponer expulsión para ningún vecino".
En esta línea, desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han vuelto a denunciar la falta de transparencia del procedimiento y han asegurado que los arrendatarios permanecerán en sus hogares, integrándose en la campaña #NosQuedamos con el objetivo de forzar una negociación que garantice la continuidad de sus viviendas.