El Gobierno se prepara para reactivar la jubilación parcial del personal laboral, según CSIF

CSIF prevé un Real Decreto-ley inminente para reactivar la jubilación parcial del personal laboral y reclama extenderla a funcionarios y personal sanitario.

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El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra Eduardo Parra - Europa Press

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anticipa que el Ejecutivo reactivará de forma “inminente” el acceso a la jubilación parcial del personal laboral mediante la aprobación de un Real Decreto-ley que abrirá la puerta a la contratación temporal de trabajadores relevistas.

Esta modalidad de retiro permite a quienes tienen 60 años o más reducir su jornada entre un 25% y un 75% y empezar a percibir, al mismo tiempo, una parte proporcional de su pensión. Habitualmente, para aplicar esta fórmula es necesario un contrato de relevo con otro empleado que asuma las horas que deja de trabajar el jubilado parcial.

El sindicato recuerda en una nota que el último cambio en la normativa de pensiones dejó en suspenso el acceso del personal laboral a la jubilación parcial. Aquella reforma no contempló que, en las Administraciones Públicas, el trabajador relevista, cuya relación laboral debe ser indefinida, está obligado a haber superado previamente un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

CSIF, que ha sido citado el próximo 24 de marzo a una reunión del IV Convenio Único de la Administración General del Estado, donde espera que se desbloquee esta cuestión, subraya que los propios Tribunales han dictaminado que, “aunque la administración quiera reconocer el citado derecho, se encuentran atadas de pies y manos, ya que el texto legal no ha tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”.

Para salvar este obstáculo, CSIF ha planteado que se autoricen contrataciones temporales de relevistas con carácter transitorio, hasta que esas plazas puedan incorporarse y cubrirse de manera definitiva en las correspondientes ofertas de empleo público. “Todo parece indicar, por la documentación intercambiada en la negociación que esta va a ser la solución”, apunta la organización sindical.

En esta línea, CSIF calcula que el Gobierno dará luz verde “de manera inminente” a un Real Decreto-ley que habilite la opción de formalizar contratos temporales de relevo, que más adelante se incluirían en la siguiente oferta de empleo público para su cobertura estable.

“Esta propuesta se la trasladamos al ministro de Función Pública, en la reunión bilateral que mantuvimos el pasado 11 de diciembre de 2025”, recuerdan desde la central.

Junto al desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral, CSIF sostiene que el acuerdo para el IV Convenio Único de la Administración General del Estado que se firmará con Función Pública incorporará sus demandas sobre la eliminación de periodos de carencia, la posibilidad de acumular toda la reducción de jornada en un solo tramo y el incremento del porcentaje de reducción hasta el 75%.

Asimismo, se prevé extender la posibilidad de acogerse a esta modalidad de jubilación parcial hasta tres años antes de cumplir la edad ordinaria de retiro.

Una vez rubricado el acuerdo, CSIF remarca que continuará reclamando que esta fórmula de jubilación se amplíe también al personal funcionario y al personal de sanidad, que tienen suspendido este derecho desde 2012, a raíz de los recortes derivados de la crisis de 2010. “Este recorte se eliminó en 2023, y tras más de tres años aún no se ha restituido este derecho”, denuncia el sindicato.

En este contexto, la organización que encabeza Miguel Borra critica que el Congreso de los Diputados mantenga paralizada la tramitación del proyecto de Ley de Función Pública, que vuelve a reconocer este derecho a funcionarios y estatutarios tras una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista impulsada por CSIF.

Por ello, ante el bloqueo parlamentario, la central sindical reclama al Gobierno que recurra a otra figura normativa que permita poner fin a “la discriminación que sufren a día de hoy los funcionarios y estatutarios”.