El Gobierno vasco ha trasladado a los comités de empresa de Tubos Reunidos, con los que ha celebrado una reunión, que considera "muy improbable" que, con el volumen de deuda que arrastra actualmente la compañía, se logre captar inversores privados dispuestos a respaldar el proyecto. Al mismo tiempo, ha señalado que percibe "buena disposición" en el Gobierno central para abordar una solución al problema de endeudamiento y ha reiterado que el Ejecutivo de Pradales está preparado para aceptar una reestructuración de los 16 millones de deuda que mantiene con Tubos Reunidos, "siempre de la mano de otros acreedores y haciendo un esfuerzo proporcional".
Estos planteamientos han sido expuestos por los responsables institucionales a los representantes de los comités de empresa de Trapagaran y Amurrio, en un encuentro iniciado a las nueve de la mañana en la sede de Lakua, en Vitoria.
La reunión, que se ha extendido durante unas dos horas, ha contado con la asistencia del viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, Andoitz Korta, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de Álava, Saray Zarate, la diputada foral de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo, y el alcalde de Trapagaran, Miguel Ángel Gómez.
El encuentro tiene lugar después de que el pasado lunes la empresa presentara al comité su plan de viabilidad ante la complicada coyuntura que atraviesa, con unas pérdidas provisionales de 71,3 millones previstas para 2025. Entre las medidas incluidas figura un ERE que afectaría a 301 empleados de las plantas de Trapagaran y Amurrio. Esta última sería la más golpeada, con 274 de los despidos planteados y el cese de la actividad de la acería.
Según ha explicado posteriormente el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad en una nota, durante la reunión han compartido y examinado "conjuntamente" el escenario derivado de la decisión empresarial de aplicar un ERE a 301 trabajadores.
Industria ha señalado que, con esta cita, las instituciones querían hacer llegar a los miembros del comité su apoyo ante la situación que afrontan las plantillas y sus familias, y, al mismo tiempo, conocer "de primera mano la posición del comité respecto al ERE anunciado por la empresa".
En esta línea, los representantes institucionales han defendido "su postura firme" a favor del mantenimiento del empleo industrial en Euskadi y han subrayado que el periodo de consultas y negociación entre la dirección y el comité "debe llevar a minimizar el impacto social de este ERE".
Asimismo, han reiterado su voluntad de respaldar "un proyecto industrial sólido" de futuro para Tubos Reunidos, cuyo plan de viabilidad está condicionado, han recalcado, a que "la empresa pueda reestructurar su creciente deuda". Industria ha añadido que las instituciones mantienen "un contacto directo" con la dirección de Tubos Reunidos para el análisis detallado de ese plan.
Reestructuración de la deuda y papel de las instituciones
El Departamento de Industria ha precisado que este jueves se produjeron contactos entre el propio departamento del Gobierno Vasco y el Ministerio de Industria para estudiar la reestructuración del conjunto de la deuda, incluida la mantenida con la SEPI.
En este contexto, ha expresado su agradecimiento por "la buena disposición del gobierno español para encontrar una solución al problema de la deuda y hacer así viable a Tubos Reunidos".
Durante la reunión con el comité de empresa, se ha informado de que el Gobierno Vasco está dispuesto "a aceptar una reestructuración de los 16 millones de euros de deuda con Tubos Reunidos, siempre de la mano de otros acreedores y haciendo un esfuerzo proporcional".
El Ejecutivo ha reiterado igualmente su disposición a acompañar a "inversores privados" que respalden un proyecto industrial "sólido de futuro" para la compañía, siguiendo el esquema de colaboración público-privada que el Gobierno Vasco ha aplicado en otros proyectos industriales considerados viables en Euskadi.
No obstante, han insistido en que, con el nivel de endeudamiento actual, resulta muy "improbable" localizar inversores privados dispuestos a comprometer recursos en Tubos Reunidos.
Por su parte, la Diputación Foral de Álava ha manifestado que está abierta a reestructurar cualquier obligación de pago pendiente que la empresa mantenga con la institución foral, además de acompañar un eventual proyecto industrial público-privado que garantice el futuro de la compañía.
Finalmente, las instituciones y el comité de empresa han acordado seguir celebrando nuevas reuniones para compartir la evolución de las gestiones que se pongan en marcha tras el anuncio de la empresa.
Al término del encuentro, el presidente del comité de empresa de Tubos Reunidos (UGT), Andrés García, ha destacado que las instituciones consideran "clave" esa restructuración de la deuda.
Ha recordado que el principal volumen de deuda corresponde a la SEPI y ha explicado que han solicitado a las instituciones que les representen ante la Sociedad Estatal y "han aceptado".
El presidente del comité ha señalado que venían reclamando implicación a las administraciones y que "eso parece que sí" empieza a materializarse.
Por otro lado, LAB ha difundido un comunicado en el que expresa su inquietud por "la falta de compromisos claros" por parte de las instituciones ante "la destrucción de empleo que plantea la dirección de Tubos Reunidos".
El sindicato ha advertido de que el proceso "no se limita" a los 301 despidos planteados, sino que esa medida "tendrá un impacto mucho mayor", al repercutir también sobre las plantillas de las subcontratas y "generando más destrucción de empleo en las comarcas de Aiaraldea y Ezkerraldea".
LAB afirma que, durante el encuentro, trasladó "preguntas muy concretas" a las instituciones sobre "su papel y su nivel de exigencia hacia la empresa" y que insistió al viceconsejero de Industria para que se pronunciara sobre "si la viabilidad de la empresa pasa por el ERE". Según el sindicato, el responsable de Industria contestó que "pasa por restructurar la deuda".
El sindicato añade que, desde la consejería de Empleo, "se han opuesto a la destrucción de empleo, y se han prestado a tratar de buscar alternativas al ERE".
A juicio de LAB, la reunión ha vuelto a poner de manifiesto "una preocupante falta de transparencia", tanto por parte de la empresa como del propio Gobierno Vasco, "que tampoco ha aclarado cuáles son sus verdaderas exigencias y límites ante esta situación". Considera "especialmente grave" que exista una mesa para la reindustrialización de Aiaraldea y, "al mismo tiempo, no haya ninguna exigencia pública ni compromiso firme con el mantenimiento del empleo".
El sindicato teme que "el papel" del Gobierno vasco y de la Diputación de Álava vuelva a ser "el mismo" que en otros conflictos industriales, el de "mirar hacia otro lado, apelar a la responsabilidad de las personas trabajadoras para que acepten cierres y despidos, y situarse en la práctica del lado de direcciones empresariales".
Tras reclamar a las instituciones "más implicación real con el empleo, con las condiciones de trabajo y con el futuro de Aiaraldea y Ezkerraldea", LAB ha reiterado su "compromiso firme de defender todos los puestos de trabajo".
Mientras se desarrollaba la reunión, los trabajadores se han concentrado ante la sede del Gobierno vasco para mostrar su rechazo a los despidos anunciados por Tubos Reunidos, en el marco de una jornada de huelga de 24 horas convocada este viernes en la planta de Amurrio.
El presidente del comité ha recordado que el próximo 17 de febrero está fijado un nuevo encuentro con la empresa y que para esa fecha se ha convocado otra jornada de huelga en la factoría alavesa. En la planta de Trapagaran también hay llamado a un paro de 24 horas, en este caso promovido por ESK y LAB.