El plan de respuesta diseñado por el Gobierno para hacer frente al impacto de la guerra en Irán, ratificado este viernes por el Consejo de Ministros, incorpora la prohibición de que las compañías que se acojan a las ayudas vinculadas a las consecuencias económicas del conflicto en Irán lleven a cabo despidos objetivos, según ha confirmado el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Al mismo tiempo, la iniciativa adelanta en un año la obligación de que las empresas y entidades públicas de mayor tamaño dispongan de un plan de movilidad sostenible al trabajo, y extiende esta exigencia a las compañías privadas que reciban las ayudas previstas en el plan de respuesta a la crisis.
De este modo, estas empresas deberán contar, antes de que finalice este año, con un plan de movilidad sostenible al trabajo siempre que tengan más de 200 personas en plantilla o 100 por turno.
La finalidad de estos planes de movilidad sostenible al trabajo es impulsar el uso del transporte público, la bicicleta, el coche compartido, el teletrabajo y mejorar la seguridad vial.
Los planes de movilidad al trabajo se integran en la Ley de Movilidad Sostenible, que fijaba un margen de 24 meses desde su entrada en vigor, producida en diciembre de 2025, para disponer del correspondiente plan de movilidad sostenible. Con la nueva medida, este periodo se reduce en un año.