El Ejecutivo incluirá en su nuevo plan de respuesta al impacto de la guerra en Irán la prohibición de que las empresas lleven a cabo despidos objetivos amparándose en motivos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo, según han indicado a Europa Press fuentes gubernamentales.
Díaz afirmó hace unos días que el plan anticrisis incluiría probablemente la prohibición de despedir por causas relacionadas con la subida de los precios energéticos, así como medidas en movilidad sostenible para impulsar el transporte colectivo.
Dentro de este paquete, el Gobierno adelantará un año la obligación de que las compañías y administraciones públicas con más de 200 empleados (o de 100 por turno) implanten un plan de movilidad sostenible al trabajo, con el objetivo de potenciar el uso del transporte público, la bicicleta, el coche compartido, el teletrabajo y mejorar la seguridad vial.
Esta exigencia ya figuraba en la Ley de Movilidad Sostenible, que fijaba un plazo de 24 meses desde su entrada en vigor, en diciembre de 2025, para contar con un plan de movilidad sostenible. Con la nueva decisión, el calendario se acorta un año y, por tanto, en diciembre de 2026 las empresas y entidades públicas deberán tener estos planes plenamente preparados.
En el caso de los centros de trabajo de alta ocupación, es decir, aquellos con más de 1.000 personas trabajadoras ubicados en municipios o áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes, las organizaciones públicas y privadas estarán obligadas a incorporar actuaciones que permitan disminuir los desplazamientos de la plantilla en horas punta o durante la jornada y a fomentar el uso de transportes de bajas o nulas emisiones y servicios de movilidad colaborativa. Asimismo, deberán promover la movilidad activa e incorporar instrumentos que faciliten la recarga, tanto pública como privada, de estos medios de transporte.
El plan de respuesta a la guerra de Ucrania que el Gobierno puso en marcha en 2022 ya contempló la prohibición del despido objetivo en las empresas beneficiarias de ayudas públicas para compensar los efectos del conflicto, así como en aquellas que alegaran causas asociadas al encarecimiento de la energía.
La ministra ha defendido estos días que la mayoría de los mecanismos laborales para afrontar situaciones críticas, como los ERTE, se pueden activar porque ya están recogidos en la legislación española.
“Quiero mandar un mensaje a las empresas. No hay que despedir a nadie. Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. Casi todas las medidas laborales están en vigor. Por tanto, aprovecho para decir, por favor, a los autónomos, a las empresas, que no hay que despedir. Tienen los mecanismos, los tenemos como país, para que podamos acompañar a las empresas y no tengan que despedir a nadie”, subrayó la semana pasada.
La prohibición de efectuar despidos objetivos por efectos económicos asociados al conflicto en Oriente Próximo se integrará en un conjunto más amplio de iniciativas, principalmente de tipo fiscal, que el Gobierno tiene previsto aprobar este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, que se ha iniciado con dos horas de retraso tras el desacuerdo entre el ala socialista y Sumar sobre el contenido definitivo del plan anticrisis.