La consellera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, ha detallado este jueves que el Ejecutivo catalán contempla movilizar 8.000 millones de euros con el objetivo de impulsar la construcción de unas 100.000 viviendas públicas.
Paneque lo ha expuesto ante los medios de comunicación tras recordar el compromiso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que en el último Debate de Política General (DPG) se marcó como objetivo promover unos 210.000 pisos en Catalunya, de los cuales entre el 40% y el 50% deberán ser de protección oficial.
Según ha precisado la consellera, la previsión es destinar estos 8.000 millones, en gran medida, a la urbanización de parte del suelo disponible, de forma que pueda acoger íntegramente la reserva prevista para vivienda asequible.
179 áreas de suelo preseleccionadas
Hasta la fecha se han identificado y preseleccionado 179 áreas de suelo repartidas por el territorio catalán, sobre las que se trabajará de aquí a 2030 con la finalidad de transformarlas en solares urbanizables aptos para edificación.
La estrategia de inversión de la Generalitat se centra en facilitar la viabilidad de una parte del desarrollo de estos suelos hasta convertirlos en solares edificables. Para ello, se ha fijado una cesión de aprovechamiento urbanístico del 15%, con la que se pretende garantizar una rentabilidad en las promociones que se sitúe entre el 4% y el 6%.
Cesión de aprovechamiento y papel promotor del Govern
“Esta cifra es la inversión de lo que costará liderar la promoción de las viviendas protegidas dentro del plan que debemos liderar con el 15% de la cesión de aprovechamiento”, ha señalado la consellera, subrayando que esta participación es clave para que el Govern pueda encabezar parte de las actuaciones.
Con el fin de ejercer como promotor en una parte de este programa, el Govern ha incorporado estas previsiones en el proyecto de ley aprobado este jueves. En esa misma norma, que regula el alquiler de temporada, se incluyen además otras medidas en materia de obra pública, urbanismo y vivienda, como la utilización de fianzas para financiar la construcción de vivienda protegida y la ampliación de los derechos de tanteo y retracto.
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