El gran consumo reclama alianzas público-privadas para avanzar en sostenibilidad sin perder competitividad

Gran consumo y alimentación reclaman seguridad jurídica y cooperación público-privada para avanzar en sostenibilidad sin sacrificar competitividad.

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Lineales de aceite de oliva en un supermercado. JUNTA DE ANDALUCIA

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El sector del gran consumo, representado por Aecoc, y la industria alimentaria, agrupada en FIAB, han pedido reforzar la colaboración entre administraciones y empresas, así como dotar de mayor seguridad jurídica al marco regulatorio, con el fin de seguir impulsando la sostenibilidad sin mermar la competitividad empresarial. Estas demandas se han puesto sobre la mesa durante el 8º Congreso de Desarrollo Sostenible, que ha congregado a más de 250 directivos y expertos de compañías líderes de la industria y la distribución de distintos ámbitos profesionales.

En la apertura del encuentro, el presidente de FIAB y miembro del Consejo Directivo de Aecoc, Ignacio Silva, ha recalcado que la evolución del desarrollo sostenible implica un cambio profundo en el modelo de negocio, que obliga a implicar a los máximos órganos de decisión de las compañías. Al mismo tiempo, ha reclamado un entorno de seguridad jurídica que permita a las empresas españolas competir en igualdad de condiciones con el resto de países de la Unión Europea.

El director general de Aecoc, José María Bonmatí, y el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, han coincidido en que los objetivos ambientales solo podrán alcanzarse con una estrecha cooperación público-privada y un marco regulatorio estable y predecible para las empresas.

Bonmatí ha recalcado que las empresas mantienen un compromiso sólido con la sostenibilidad, aunque ha avisado de que el escenario actual, en el que se flexibilizan algunas exigencias normativas, obliga a acreditarlo con actuaciones concretas. “Las empresas estamos comprometidas con la sostenibilidad, pero ahora tenemos que demostrar con hechos que ese compromiso es real”, ha indicado.

Asimismo, ha identificado como uno de los grandes retos el exceso de regulación y, sobre todo, la inseguridad jurídica a la que se enfrentan las compañías. Por ello, ha reclamado “unidad de mercado, claridad normativa y una interlocución real con la administración”, basada en la escucha activa entre las partes.

En relación con la normativa de envases y residuos, el director general de Aecoc ha puesto de relieve la envergadura del desafío, recordando que en España se comercializan en torno a 20.000 millones de envases y que alcanzar el objetivo de recuperar el 90% exige una transformación profunda de los sistemas de reutilización y recogida.

Bonmatí ha advertido de que algunos calendarios, en especial los vinculados al sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), no resultan asumibles en la práctica, y ha defendido la conveniencia de adaptar los plazos y la regulación para asegurar su viabilidad. “Está bien regular los objetivos, pero no que nos digan cómo alcanzarlos. Las empresas debemos decidir cómo llegar a ellos”, ha señalado, alertando de que imponer el “cómo” puede provocar ineficiencias y pérdida de competitividad frente a otros mercados.

Durante su intervención, también ha destacado los problemas que genera el actual modelo de etiquetado, al considerar que es “muy complejo” incluir en el envase físico toda la información que exige la normativa. En este sentido, ha abogado por avanzar hacia el etiquetado digital como vía para facilitar el cumplimiento regulatorio sin perjudicar la operativa ni la competitividad del sector.

Por otro lado, el director general de FIAB ha planteado que la sostenibilidad debe abordarse desde una perspectiva integral, que incorpore no solo la dimensión ambiental, sino también la económica y la social. “La sostenibilidad es una prioridad para toda la sociedad y las empresas la tenemos interiorizada”, ha afirmado Mauricio García de Quevedo, quien ha añadido que la sostenibilidad no puede desarrollarse al margen del contexto geopolítico ni de la capacidad tecnológica disponible.

En este marco, García de Quevedo ha defendido que, más que acelerar o multiplicar las normas, es preferible reforzar la cooperación entre sector público y privado: “No se trata de hacer una carrera, se trata de ir juntos”.

El responsable de FIAB ha coincidido en señalar la inseguridad jurídica derivada de determinadas regulaciones y ha respaldado que la industria pueda desplegar soluciones como el etiquetado digital, que permitiría ofrecer más información al consumidor de forma más eficiente.