El Instituto de Estudios Económicos (IEE) plantea reforzar la colaboración entre el sector público y el privado en el desarrollo de infraestructuras en España, después de la "destrucción" que, a su juicio, se ha producido en los últimos años por la escasa inversión pública en ferrocarriles y carreteras. El organismo considera que durante este periodo no se ha aprovechado la "bonanza" económica ni el aumento de los ingresos del Estado para corregir el déficit heredado de la anterior crisis económica.
Así lo expusieron este martes su presidente y su director general, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, en la presentación del informe ‘La necesidad de aumentar las inversiones en infraestructuras en España’. El documento subraya que en 2024 el esfuerzo inversor en infraestructuras fue inferior al 1% del PIB, lejos del 2,4% registrado en 2007.
"La realidad es que hay 150.000 millones de euros más de ingresos en el Estado desde 2019, pero no solo no se ha aumentado la infraestructura, sino que se ha destruido en un porcentaje importante, y llevamos sin presupuestos cuatro años. Se ha podido hacer muchísimo más de lo que se ha hecho, por lo que está claro que la inversión no ha sido, ni de lejos, una prioridad", defendió Fernández de Mesa, al criticar la falta de prioridad política hacia estas partidas.
El presidente del IEE considera "razonable" que el estallido de la crisis financiera de 2008 derivara en un fuerte ajuste de la inversión en los años posteriores, en un contexto de dificultades de financiación. Sin embargo, sostiene que "no tiene sentido" que, con los ingresos públicos en máximos históricos, no se esté realizando ahora un mayor esfuerzo inversor.
En este marco, Fernández de Mesa opina que la inexistencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) repercute de forma directa en el volumen de inversión y respalda la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de fijar una regla que obligue a los Gobiernos a dedicar un mínimo de recursos para que las infraestructuras conserven su valor y no se deterioren.
"Para poder mantener el nivel de infraestructuras respecto al PIB que necesitamos, va a haber que diseñar fórmulas de participación público-privada, ya que el Estado posiblemente no tenga capacidad para acometer esas inversiones y habrá que diseñar sistemas donde se puedan acometer", argumentó el presidente del IEE, al reclamar un mayor protagonismo del capital privado.
Déficit inversor de al menos 1.500 millones al año
El informe calcula que la inversión media entre 2018 y 2024 se situó en 10.500 millones de euros anuales, alrededor de 1.500 millones menos que los 12.000 millones que se consideran el umbral mínimo para compensar la depreciación por el uso y el paso del tiempo de las infraestructuras existentes.
A esa cantidad básica habría que sumar el impacto del crecimiento demográfico y del avance de la economía, lo que genera necesidades adicionales de 10.500 millones de euros para equiparar el esfuerzo inversor público al promedio de la UE. Si se aspira a un objetivo más exigente, el déficit subiría a 19.000 millones adicionales para converger con el esfuerzo conjunto público-privado europeo, o hasta 55.000 millones para alcanzar la renta per cápita de la UE.
En el caso de la red ferroviaria, el estudio apunta que habría que aumentar en un 77% la inversión en mantenimiento por kilómetro para que España se situara en la media comunitaria. Fernández de Mesa vinculó esta insuficiencia inversora "seguramente" con episodios como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) o el cierre temporal de determinados tramos, como el de Málaga.
Peajes y colaboración público-privada
Ante este escenario, el IEE considera "interesantes" las iniciativas que permitan reforzar la financiación de las infraestructuras, entre ellas la implantación de peajes en autovías. Sobre este punto, Gregorio Izquierdo señaló que el levantamiento de peajes decidido por el Gobierno en algunas autopistas ha derivado en un mayor "abandono" de la inversión, ya que los contratos concesionales privados aseguraban un nivel mínimo de gasto.
"Estos procesos de iniciativas de colaboración público-privada contribuyen a tener infraestructuras funcionales, adecuadas, suficientes y con una eficiencia en la utilización del gasto público", concluyó Izquierdo, defendiendo este modelo como vía para mantener la calidad de la red viaria y ferroviaria.