El Instituto Santalucía señala en un informe que, pese a los cambios normativos de los últimos años, la posibilidad de compatibilizar pensión y empleo "sigue fragmentada, con incentivos débiles y efectos negativos para trabajadores, empresas y la Seguridad Social".
De acuerdo con el ‘think tank’ del Grupo Santalucía, el país permanece anclado en un esquema de "trabajar o jubilarse", que conduce a pasar de una dedicación laboral plena a una inactividad "casi total", aun cuando muchas personas "podrían y querrían" mantenerse en el mercado, al menos a tiempo parcial.
"Este diseño, heredado del siglo XX, ya no encaja con una realidad en la que las personas viven más, llegan en mejores condiciones de salud a edades avanzadas y tienen trayectorias laborales cada vez más diversas", subraya el Instituto, que reclama adaptar el sistema a este nuevo contexto demográfico y profesional.
El documento ha sido redactado por José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de Fedea y presidente del Foro de Expertos del Instituto Santalucía, junto con Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo en la misma universidad e investigador de Fedea.
El estudio analiza las reformas más recientes, así como el borrador que desarrolla la denominada jubilación reversible, y concluye que la normativa para extender la vida laboral por encima de la edad ordinaria de retiro presenta "rigideces", con "efectos económicos visibles" para todos los actores implicados.
"Para los trabajadores supone con frecuencia una caída brusca de ingresos y una salida repentina del mercado laboral; para las empresas implica perder experiencia y talento sénior en un contexto de envejecimiento demográfico; y para la Seguridad Social significa desaprovechar cotizaciones potenciales en un momento de fuerte presión financiera", detalla el informe.
En la actualidad hay tres figuras legales para combinar pensión y empleo (jubilación activa, jubilación parcial y jubilación flexible o reversible), pero, según el análisis, "operan como piezas sueltas que no encajan entre sí". A juicio del Instituto Santalucía, el problema no reside en la ausencia de herramientas, sino en su falta de coordinación y en unas normas "contradictorias".
El texto destaca que la jubilación activa es la modalidad que más cambios ha experimentado desde 2024. En la actualidad permite sumar trabajo y pensión con un esquema escalonado: 45% de la pensión el primer año, 55% el segundo, 65% el tercero, 80% el cuarto y 100% a partir del quinto. Además, ya no es obligatorio haber alcanzado el 100% de la base reguladora para acogerse a esta opción, lo que amplía su alcance, con especial impacto en mujeres con carreras de cotización más discontinuas.
Pese a ello, el informe recalca que "su atractivo práctico sigue siendo limitado", ya que durante la jubilación activa las cotizaciones adicionales no incrementan la pensión definitiva, no generan nuevos complementos por demora y tampoco permiten acceder a complementos a mínimos, incluso en el caso de pensiones reducidas.
"A ello se suma una barrera clave: no existe un contrato laboral específico para jubilados activos, lo que obliga a extinguir el contrato previo y empezar de cero, generando inseguridad jurídica y desincentivos para empresas y trabajadores", añade el Instituto.
Respecto a la jubilación parcial, el estudio valora su papel como fórmula de transición paulatina hacia el retiro, pero advierte de que continúa siendo "demasiado costosa y rígida para las empresas". En particular, la modalidad anticipada exige al menos 33 años de cotización y obliga a incorporar a un trabajador de relevo, "lo que mantiene la figura anclada a una lógica de reparto de empleo más que a una verdadera flexibilidad individual".
En cuanto a la jubilación flexible o reversible, todavía pendiente de un desarrollo reglamentario definitivo, permite que personas ya jubiladas regresen al trabajo a tiempo parcial reduciendo su pensión en la misma proporción. No obstante, el Instituto aprecia "incoherencias" con las figuras de jubilación activa y parcial y detecta restricciones que merman su interés, sobre todo para los trabajadores por cuenta propia.
"España no carece de instrumentos para compatibilizar pensión y trabajo; lo que falta es un sistema coherente que los ordene y los haga realmente útiles. Si queremos aprovechar el talento sénior y reforzar la sostenibilidad de la Seguridad Social, la jubilación debe dejar de ser un punto final y convertirse en una fase flexible del ciclo laboral. Ese es el reto que este informe pone sobre la mesa", sostiene José Manuel Jiménez, director del Instituto Santalucía.
Modelo Integral de Jubilación Compatible
Ante este diagnóstico, el informe no aboga por crear nuevas figuras, sino por reorganizar e integrar las ya existentes. En concreto, los autores proponen avanzar hacia un "Modelo Integral de Jubilación Compatible (MIJC)" que armonice las condiciones de acceso, las reglas de cotización y el cálculo de la pensión con criterios comunes de proporcionalidad, neutralidad contributiva y seguridad jurídica.
Según el documento, este modelo debería asegurar que cada año adicional de trabajo incremente la pensión "de forma clara y predecible", permitir que el trabajador elija libremente la intensidad de su actividad (jornada parcial o completa, por cuenta ajena o propia) y establecer un contrato laboral específico para pensionistas activos que facilite los acuerdos con las empresas y reduzca la conflictividad.
El estudio concluye que un esquema de este tipo no solo impulsaría el envejecimiento activo y el aprovechamiento del talento sénior, sino que también reforzaría la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social "en un país que envejece rápidamente".
"El nuevo informe del Instituto Santalucía plantea, en definitiva, un cambio de enfoque: pasar de un modelo pensado para retirar trabajadores a otro diseñado para retenerlos voluntariamente más tiempo en condiciones razonables", resume.
Para el Instituto, transformar la jubilación en un proceso escalonado y no en un corte abrupto no es únicamente una cuestión de bienestar individual, "sino una pieza clave para el futuro del empleo, la competitividad de las empresas y la viabilidad financiera del sistema público de pensiones".