El nuevo Plan de Vivienda prevé hasta 102.000 euros por cada piso industrializado en zonas tensionadas

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ofrece hasta 102.000 euros por vivienda industrializada en zonas tensionadas y refuerza ayudas al alquiler y rehabilitación.

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Varias viviendas en obras Ricardo Rubio - Europa Press

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El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ratificado este martes por el Consejo de Ministros, incorpora un paquete de subvenciones que puede llegar a los 102.000 euros por vivienda cuando se levante en una zona tensionada y se utilicen sistemas constructivos industrializados.

Dotado con 7.000 millones de euros, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 persigue ampliar el parque de vivienda asequible, con prioridad para la vivienda pública y protegida; activar y mejorar el parque ya existente, y reforzar la cobertura a los colectivos con mayores dificultades de acceso.

El programa se articula en torno a diez novedades principales agrupadas en tres ejes: incremento de la construcción para aumentar la oferta residencial, más actuaciones de rehabilitación para poner en uso y dignificar viviendas ya construidas, y un refuerzo de la protección para los hogares más vulnerables.

Hasta 85.000 euros por vivienda nueva destinada al alquiler

El plan incrementa las ayudas para la promoción de nueva vivienda pública o impulsada mediante fórmulas de colaboración público-privada, con subvenciones de hasta 85.000 euros por vivienda, sujeta a precios máximos de alquiler de 900 euros mensuales y con protección permanente. En municipios de menos de 10.000 habitantes se permitirá además la venta, manteniendo siempre la calificación protegida.

Este límite de 900 euros se ha calculado tomando como referencia una vivienda tipo de gran tamaño (85 metros cuadrados útiles) con garaje y trastero (25 metros cuadrados). Se trata de un valor orientativo que podrá ajustarse en función de la superficie de la vivienda y sus anejos, respetando los topes fijados en el propio Plan Estatal de Vivienda.

El programa incorpora asimismo ayudas específicas para la urbanización de suelos que reserven, como mínimo, un 40% a vivienda protegida, con hasta 8.000 euros por cada vivienda futura.

Con el objetivo de favorecer la industrialización del sector, se incorpora una ayuda adicional de hasta 8.500 euros por vivienda cuando se utilicen técnicas de construcción industrializada, de forma que la ayuda global pueda alcanzar los 93.500 euros por vivienda nueva.

Esta cifra máxima se podrá elevar hasta 102.000 euros si las promociones se localizan en zonas de mercado residencial tensionado, gracias a una ayuda extra de hasta 8.500 euros destinada a contener los precios allí donde la presión de la demanda es más intensa.

Cesión de viviendas a las comunidades autónomas para alquiler asequible

El Plan pretende también incrementar el parque público mediante la compra de viviendas a particulares por parte de las comunidades autónomas, con financiación de la Administración General del Estado de hasta el 70% del precio de adquisición, que podrá subir al 85% en zonas tensionadas, siempre con el compromiso de destinarlas a alquiler asequible con rentas máximas de 800 euros mensuales.

A esta vía se suma una ayuda de hasta 17.000 euros –o 25.000 euros si la vivienda está situada en una zona tensionada– para propietarios particulares que cedan su vivienda a la comunidad autónoma, de manera que sea la administración quien la ofrezca en régimen de alquiler asequible por un máximo de 600 euros mensuales. La comunidad autónoma asumirá la gestión completa del arrendamiento y, una vez concluido el contrato, devolverá la vivienda a su titular en condiciones óptimas.

Además, se contemplan hasta 12.000 euros para financiar obras de reforma o rehabilitación en las viviendas cedidas, una herramienta especialmente relevante en el medio rural, donde se concentra buena parte del parque vacío, a menudo en mal estado de conservación.

Rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética

En materia de rehabilitación, el Plan despliega un conjunto de ayudas para intervenciones de mejora estructural, accesibilidad y eficiencia energética. Las subvenciones podrán llegar a 8.000 euros por vivienda en obras estructurales; las actuaciones de accesibilidad podrán recibir hasta 13.000 euros por vivienda, y las de rehabilitación energética hasta 20.500 euros, en función del ahorro de energía primaria conseguido, la superficie del inmueble y el presupuesto de los trabajos.

El programa presta especial atención a los cascos históricos y al patrimonio edificado, con una ayuda adicional de hasta 30.000 euros cuando la vivienda rehabilitada se encuentre en estas zonas o disponga de algún tipo de protección patrimonial. Sumando todas las líneas, el apoyo público puede alcanzar los 50.000 euros por vivienda si se combinan mejoras estructurales, de accesibilidad y de eficiencia energética.

Asimismo, se ponen en marcha ayudas específicas para activar viviendas vacías que lleven más de dos años desocupadas, con hasta 30.000 euros por vivienda –35.000 en el entorno rural–, condicionadas a que se destinen posteriormente a alquiler residencial asequible durante un periodo mínimo de cinco años.

Ayudas al alquiler de hasta 300 euros para jóvenes

El tercer bloque del Plan se orienta a reforzar la protección de los colectivos con mayores dificultades, con especial atención a las personas jóvenes, que podrán optar a una ayuda al alquiler de hasta 300 euros mensuales, modulable por las comunidades autónomas.

También se prevé una subvención de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que adquieran o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes, ampliable a localidades de hasta 20.000 habitantes que sufran pérdida de población.

Las mujeres víctimas de violencia de género dispondrán de una línea específica de apoyo que garantiza una solución habitacional inmediata, adecuada y digna, asumiendo la Administración el pago del alquiler hasta un máximo de 1.000 euros mensuales, ampliable por las comunidades autónomas si así lo consideran.

El Plan incluye además ayudas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, con una prestación general al alquiler de 250 euros mensuales para hogares con recursos limitados.