La cotización del oro al contado retomó con fuerza su senda alcista este lunes y llegó a rebasar por primera vez la cota de los 4.600 dólares por onza, después de conocerse que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, está siendo objeto de una investigación del Departamento de Justicia vinculada con su testimonio ante el Congreso el pasado mes de junio sobre el proyecto de renovación multimillonaria de la sede del banco central.
Las nuevas presiones del Gobierno encabezado por Donald Trump sobre el máximo responsable de la Fed se suman a las expectativas de más recortes de tipos en Estados Unidos y a la persistente inestabilidad geopolítica, factores que han impulsado este lunes el precio del oro al contado hasta un récord histórico intradía de 4.612,40 dólares, lo que supone un avance del 2,5% frente al cierre anterior.
En lo que va de 2026, la onza de oro acumula ya una subida superior al 5%, tras cerrar 2025 como su mejor ejercicio desde 1979, con una espectacular revalorización cercana al 70%.
Además de las intensas compras de oro por parte de los bancos centrales y de la perspectiva de nuevos recortes de tipos por parte de la Fed en 2026, que está debilitando al dólar frente a las principales divisas y abaratando así las adquisiciones de oro para los inversores no estadounidenses, los mercados han conocido que Jerome Powell afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su comparecencia ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo. El propio presidente de la Fed ha enmarcado este movimiento en "las amenazas y la presión constante" ejercidas por la Administración de Donald Trump.
"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio. Ese testimonio se refería, en parte, a un proyecto plurianual para renovar los edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal", ha relatado en un vídeo difundido en la cuenta del organismo en la red social X.
Powell, que ha asegurado mantener un "profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas", ha calificado la investigación abierta contra él como una "acción sin precedentes" por parte de Washington, que "debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante del Gobierno".
"Nadie, y desde luego tampoco el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley", ha señalado en un discurso en el que ha asegurado que "la amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en la mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente".
"Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No tiene que ver con la función de supervisión del Congreso", ha asegurado antes de defender que el organismo ha informado al Congreso sobre este asunto a través de "testimonios y otras divulgaciones públicas". "Esos son pretextos", ha agregado.
En su opinión, "se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando los tipos de interés basándose en las pruebas y las condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria se verá condicionada por la presión política o la intimidación".
Powell ha recordado su trayectoria al frente de la Fed bajo cuatro administraciones, tanto republicanas como demócratas, en las que ha ejercido sus responsabilidades "sin temor ni favoritismos políticos", centrando su actuación "en su mandato de estabilidad de precios y máximo empleo".
"El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Seguiré desempeñando el cargo para el que me confirmó el Senado, con integridad y compromiso al servicio del pueblo estadounidense", ha aseverado.
Por su parte, Trump ha defendido de manera reiterada la necesidad de bajar los tipos de interés a toda costa con el objetivo de abaratar la financiación del Gobierno federal y dar un impulso adicional a la actividad del sector privado.