El pleno del Parlamento Europeo ha fijado este miércoles sus líneas rojas para la negociación con los gobiernos sobre la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos, una actualización bloqueada desde hace más de diez años. En su posición, los eurodiputados rechazan de forma tajante relajar los umbrales que dan derecho a compensación por retrasos y reclaman que se proteja expresamente el derecho a embarcar con equipaje de mano sin pagar suplementos.
La postura de la Eurocámara entra en conflicto con el acuerdo alcanzado por los Veintisiete el pasado mes de junio. Entonces, los Estados miembros solo aceptaron garantizar la gratuidad de un bulto personal que pueda colocarse bajo el asiento delantero (como mochilas, bolsos o fundas de ordenador), dejando fuera el derecho, ya respaldado por varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), a subir a bordo sin sobrecoste una maleta de mano de hasta 100 cm (suma de largo, ancho y alto) y un peso máximo de 7 kg.
Con el mandato aprobado por 632 votos a favor, 15 en contra y 9 abstenciones este miércoles en Estrasburgo (Francia), la posición de la Eurocámara se remitirá ahora al Consejo (los gobiernos) como propuesta de enmienda. Se da por hecho que los Estados rechazarán buena parte de estas exigencias, lo que activará un procedimiento de “conciliación” para tratar de cerrar un compromiso entre colegisladores.
Los eurodiputados apuestan por mantener intactos los derechos ya consolidados para los usuarios, como el umbral actual de tres horas de retraso (o cancelación o denegación de embarque) y las cuantías de compensación vigentes. De este modo, se oponen a las modificaciones planteadas por los Veintisiete, que pretenden ampliar el margen para las aerolíneas, de forma que no tendrían que compensar a los pasajeros hasta que el retraso alcanzara entre 4 y 6 horas, según la distancia del vuelo.
En la misma línea, la Eurocámara rechaza rebajar los importes de las indemnizaciones y plantea que se sitúen entre 300 y 600 euros, en función del recorrido del trayecto. En cambio, el Consejo propone un pago de 300 euros cuando el retraso sea de al menos 4 horas en vuelos de hasta 3.500 kilómetros y de 500 euros solo si la demora supera las 6 horas para rutas de mayor distancia.
Otro de los puntos clave que los eurodiputados quieren introducir en la reforma es que la elección de asiento sea gratuita para quienes viajen con menores de 14 años o con personas con movilidad reducida, de manera que puedan sentarse juntos sin recargos adicionales.
Respecto a las circunstancias extraordinarias que eximen a las compañías de compensar por retrasos o cancelaciones, la Eurocámara se muestra dispuesta a revisar y actualizar el listado, pero exige que sea una relación “exhaustiva” y que la Comisión la mantenga al día para evitar interpretaciones abusivas por parte de las aerolíneas.
Entre las situaciones que se incluirían en esa lista figuran desastres naturales, conflictos bélicos, condiciones meteorológicas adversas o conflictos laborales imprevistos que afecten al operador aéreo, al aeropuerto o al proveedor de servicios de navegación aérea.
Los eurodiputados también plantean suprimir recargos adicionales que algunas compañías imponen a los clientes, por ejemplo, por corregir errores ortográficos en los nombres de los pasajeros o por realizar la facturación. Asimismo, reclaman que los viajeros puedan presentar su tarjeta de embarque tanto en soporte digital como en papel.
La revisión normativa deberá obligar además a las aerolíneas a facilitar a los pasajeros afectados por incidencias un formulario único de indemnización y reembolso, ya cumplimentado en lo esencial, sin esperar a que el afectado lo pida, o bien establecer canales automáticos de comunicación equivalentes en un plazo máximo de 48 horas tras el incidente.
Una reforma bloqueada durante más de una década
La Comisión Europea presentó su primera propuesta de revisión en 2013 y la Eurocámara fijó su criterio en 2014, pero las discrepancias entre los Veintisiete dejaron el expediente paralizado durante más de una década.
Tras una propuesta revisada por Bruselas en 2023 y el mandato acordado por los 27 el pasado junio, faltaba que el Parlamento actualizara su posición antes de encarar la fase final de las conversaciones sobre la reforma.
En un primer dictamen no vinculante, también en junio, la Eurocámara ya había expresado su oposición a la flexibilización defendida por el Consejo. Sin embargo, es con este nuevo informe con el que la institución fija sus líneas rojas en segunda lectura para afrontar la negociación definitiva con los gobiernos.