El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes a una reforma que reduce las obligaciones de sostenibilidad y diligencia debida que exigían a las compañías informar sobre el impacto ambiental y social de su actividad, después del principio de acuerdo cerrado la pasada semana entre los negociadores de la Eurocámara y el Consejo.
Con esta iniciativa, la Unión Europea pretende aligerar los trámites administrativos y apuntalar la competitividad económica, en particular la de las pequeñas y medianas empresas, en el marco de su agenda de simplificación normativa.
Según las nuevas reglas, únicamente las grandes empresas con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros estarán obligadas a elaborar informes de sostenibilidad. Las compañías de menor tamaño quedarán fuera de estas exigencias y estarán protegidas frente a la posibilidad de que socios comerciales de gran tamaño les trasladen esas responsabilidades de reporte.
La reforma, que ha salido adelante con 428 votos a favor, 218 en contra y 17 abstenciones, acota también la obligación de identificar y prevenir impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente a las empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocio superior a 1.500 millones de euros, tanto si son de la UE como de terceros países que operen en el mercado comunitario.
Estas grandes corporaciones deberán evaluar los riesgos vinculados a su actividad y a su cadena de suministro, pero solo podrán pedir información a socios comerciales más pequeños cuando no les sea posible obtenerla por otras vías. Además, los planes de transición para adaptar los modelos de negocio a una economía sostenible dejarán de ser obligatorios.
El texto reduce de manera notable las obligaciones de información y pasa a hacer voluntaria la información sectorial. Para ayudar a las empresas a cumplir la normativa, la Comisión Europea habilitará un portal digital con orientaciones y plantillas comunes sobre los requisitos nacionales y europeos.
La norma, que aún debe recibir el visto bueno formal del Consejo de la UE, prevé que las sanciones por incumplimiento puedan alcanzar hasta el 3% del volumen de negocio mundial de la empresa y fija que la directiva sobre diligencia debida empiece a aplicarse a partir de julio de 2029.