El Partido Popular ha reclamado a la Comisión Europea que abra una investigación sobre la concesión y el uso de los fondos comunitarios destinados a la modernización de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz, en el que murieron 46 personas y resultaron heridas cientos más.
Mediante varias preguntas parlamentarias registradas esta semana en el Parlamento Europeo, los eurodiputados del PP Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez Larraz y Esther Herranz han solicitado explicaciones detalladas sobre la gestión de los recursos europeos asignados a esta infraestructura, tanto a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Los populares destacan que el Gobierno reconoció que en el tramo donde se produjo el siniestro no se sustituyeron las traviesas, pese a que esta era una de las actuaciones principales previstas en el plan de modernización de la línea. Dicha renovación contaba con una ayuda europea de 111,6 millones de euros, destinada específicamente a reemplazar elementos esenciales de la infraestructura.
En este contexto, el PP ha registrado una pregunta parlamentaria en la que insta a Bruselas a aclarar si prevé investigar la trazabilidad de la ayuda concedida y verificar el destino real de los fondos europeos. Además, pide a la Comisión que compruebe si las obras financiadas se ejecutaron conforme a lo proyectado, dado que parte de las intervenciones consideradas críticas no se habrían materializado.
En otra iniciativa, el PP centra la atención en la financiación del Banco Europeo de Inversiones, que en 2022 aprobó un préstamo de 90 millones de euros a Adif al considerar que la línea Madrid-Sevilla estaba "al final de su vida útil" y precisaba renovaciones para mantener los niveles de seguridad y fiabilidad.
Tras el siniestro, los populares preguntan a la Comisión cómo valora el impacto sobre la seguridad de mantener en servicio una línea con sistemas envejecidos y si se analizaron de forma adecuada los riesgos antes de autorizar esa financiación.
"Cuando una infraestructura crítica es definida por las propias instituciones europeas como "obsoleta", la prioridad absoluta debe ser garantizar que sigue operando en condiciones de máxima seguridad", ha señalado el eurodiputado 'popular' Juan Ignacio Zoido.
A su entender, los documentos manejados por las instituciones comunitarias "recogen un reconocimiento expreso del deterioro de la infraestructura", por lo que considera que "era necesario extremar las exigencias de control, seguimiento y ejecución de las obras financiadas con fondos europeos", especialmente cuando "estaban en juego la seguridad de los pasajeros y la integridad del sistema ferroviario".