El Partido Popular ha adelantado que votará a favor este jueves en el Pleno del Congreso en la sesión que decidirá la convalidación o derogación del real decreto-ley que regula las ayudas destinadas a las víctimas de los siniestros ferroviarios de Adamuz y de Gelida, lo que garantizará que la norma siga en vigor.
Con el apoyo de los populares, quedará ratificado el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, que articula el paquete de compensaciones para los afectados por los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), localidades en las que perdieron la vida 46 y una personas, respectivamente.
En nombre del Ejecutivo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, ha sido el encargado de presentar el contenido del decreto desde la tribuna del Congreso, trasladando su respaldo, su pesar y su disponibilidad a las familias de las víctimas.
Estos siniestros, ha señalado, “han conmovido” a la ciudadanía y obligan a que las administraciones “den la mejor respuesta posible ante el tremendo dolor vivido”, antes de detallar el esquema de ayudas previsto.
Torres ha subrayado además que España dispone de una de las redes ferroviarias más amplias del continente y ha justificado la utilización del real decreto-ley por razones de extraordinaria y urgente necesidad, con el objetivo de ofrecer una respuesta “rápida, eficaz y justa”.
Los grupos de la oposición han expresado su apoyo y cercanía a las víctimas y a sus allegados, han insistido en la urgencia de unas indemnizaciones que no reparan la pérdida humana, han reclamado rendición de cuentas y claridad y han subrayado que el siniestro era “evitable”.
Carina Mejías (Vox) ha reprochado que no se haya producido “ni una sola dimisión” y que “nadie insista en buscar culpables, que los hay”: “¿No hay nadie que se haga responsable?”. También ha exigido que el ministro de Transportes, Óscar Puente, “se vaya antes de que sea un tribunal quien lo siente en el banquillo”.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, Rafaela Crespín ha replicado: “No siempre podemos prever las crisis, pero sí tenemos la obligación de estar a la altura para acompañar a las víctimas, y este Gobierno lo ha hecho siempre en cada una de las crisis que se ha encontrado”.
La diputada ha garantizado “investigación y verdad para mejorar”, ha censurado los “bulos” y ha reclamado “menos ruido y más humanidad”, comparando la actuación del Ejecutivo con la gestión de la dana por parte de Carlos Mazón, ex presidente de la Generalitat Valenciana. “Solo lo público salva al pueblo”, ha remachado.
En nombre de Junts Per Catalunya, Isidre Gavín i Valls ha pedido abrir una “reflexión política”, ha exigido una investigación rigurosa y solvente, ha reiterado que el accidente de Gelida era “evitable” y ha mostrado su malestar por la castellanización del nombre del municipio: “Aquí debe de haber alguna mano negra” y esto “da una imagen bastante lamentable”.
Por el PP, Bartolomé Madrid Olmo ha iniciado su intervención enviando un “enorme abrazo al cielo para las personas que fallecieron en esos malditos accidentes” y ha confirmado el apoyo de su grupo a un real decreto-ley “con el que el Gobierno esta vez utiliza correctamente un instrumento constitucional sin recursos torticeros”.
Ha precisado que se trata de un voto afirmativo a las ayudas y a la agilidad en la gestión de emergencias, “esperando que el Gobierno cumpla”, pero “un sí independiente de la necesidad de saber lo ocurrido para depurar responsabilidades”.
Importes y condiciones de las ayudas
La norma contempla ayudas por fallecimiento de 72.121,46 euros por cada víctima mortal (cantidad que, sumada al mismo importe en concepto de anticipos por responsabilidad civil, eleva la percepción a 144.000 euros, y hasta 216.000 euros con el abono adicional del seguro obligatorio, que “no es incompatible”, según ha explicado el ministro), además de compensaciones por lesiones físicas.
En el caso de los heridos, las cuantías se distribuyen en 14 categorías, recogidas en el baremo de indemnizaciones del anexo del Real Decreto 1575/1989, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro obligatorio de Viajeros, con importes que van desde 2.404,04 euros hasta un máximo de 84.141,7 euros.
Estas ayudas directas por fallecimiento o por daños corporales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Para acceder a las prestaciones previstas en el real decreto-ley, las personas afectadas deberán presentar su solicitud antes del 4 de mayo, un plazo que podrá ampliarse en casos debidamente justificados.
“Las ayudas establecidas en este real decreto-ley se otorgarán, sin perjuicio del resto de indemnizaciones que correspondan a todos los pasajeros de los trenes siniestrados, tanto en materia de asistencia (comida, alojamiento y transporte, entre otros), pérdida o daños de los bultos de mano, animales y equipaje, como en caso de muerte y lesiones, y que se regirán por lo establecido en la normativa sectorial de aplicación”, señala el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A efectos de esta norma, se considera víctima beneficiaria de las ayudas a “toda persona que, como resultado de encontrarse involuntariamente involucrada de forma directa en los citados accidentes ferroviarios, resultasen heridas o fallecidas” (en este último supuesto, la condición de beneficiario recae en sus familiares): viajeros, maquinistas, personal en formación o personal de a bordo, en cualquiera de sus categorías, de los trenes implicados.
El real decreto-ley, vigente desde su aprobación en el Consejo de Ministros del 27 de enero, debía ser sometido al criterio del Congreso para decidir su derogación o convalidación definitiva en el plazo de treinta días. En la misma sesión, la Cámara se pronuncia también sobre la prórroga del denominado escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios, la actualización de las pensiones y el tope a los precios de determinados bienes y servicios en situaciones de emergencia.