El PSOE ha presentado en el Congreso varias enmiendas con el objetivo de suavizar la proposición de ley de Bildu que se está tramitando en la Cámara Baja y que persigue impedir que las plataformas digitales anuncien alojamientos turísticos ilegales que no dispongan de número de licencia o registro.
La coalición 'abertzale' plantea con esta iniciativa fijar un sistema de sanciones y atribuir responsabilidad jurídica a las empresas y plataformas para frenar la expansión de alojamientos ilegales destinados al alquiler turístico. Para localizar estos inmuebles irregulares, Bildu incluye en el artículo 25 de su propuesta la creación de una unidad específica encargada de la inspección y supervisión de las viviendas de uso turístico.
Entre las tareas asignadas a este organismo figuran el análisis del grado de cumplimiento de la normativa y la realización de controles periódicos a las empresas prestadoras de servicios, con el fin de verificar que las viviendas de uso turístico anunciadas cuentan con la licencia o número de registro correspondiente.
Enmiendas socialistas para suprimir artículos clave
Frente a ello, el PSOE ha registrado una enmienda, recogida por Europa Press, con la que plantea suprimir ese apartado del artículo 25. Junts ha presentado una enmienda en la misma línea.
Además de la eliminación del artículo 25, el Grupo Socialista ha impulsado otras dos enmiendas de supresión: una para borrar la disposición adicional tercera del texto original, vinculada precisamente a la unidad especializada; y otra para retirar la previsión de que el Ministerio de Vivienda o de Derechos Sociales y Consumo aprueben en un plazo de tres meses un régimen sancionador destinado a multar a las empresas por las malas praxis contempladas en la proposición.
El PSOE argumenta la retirada del desarrollo del régimen sancionador porque considera que debe quedar "debidamente regulado" en una norma con rango de ley "omnicomprensiva". Paralelamente, los socialistas han planteado otras modificaciones técnicas al articulado con el fin de proteger y respetar las competencias de las comunidades autónomas en materia de alojamientos turísticos.