Las eurodiputadas socialistas Rosa Serrano, integrante de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, y Laura Ballarín, coordinadora de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, han solicitado a la Comisión Europea que precise si las compañías aéreas están infringiendo la normativa comunitaria al alterar el precio definitivo de los billetes de avión después de que los pasajeros los hayan adquirido, alegando un incremento del coste del combustible.
En este contexto, han puesto de relieve que, con la situación actual marcada por el conflicto en Oriente Próximo, varias compañías han anunciado posibles incrementos de tarifas, recortes en la oferta de vuelos de bajo coste y la aplicación de nuevos recargos para compensar el aumento de sus gastos operativos.
Ambas eurodiputadas han advertido, además, de que algunas aerolíneas están comunicando, en el momento de la compra o incluso con posterioridad, que el precio final podría modificarse en los días previos al viaje en función de la evolución real del precio del carburante. “Esta práctica genera incertidumbre entre los consumidores y podría vulnerar la normativa europea sobre transparencia de precios y derechos de los pasajeros”, han advertido.
Por ello, han planteado formalmente a la Comisión si la imposición de un coste adicional una vez abonado el billete contraviene las reglas sobre derechos de los pasajeros aéreos y sobre servicios aéreos. También han reclamado que, en caso de que se determine que esta práctica es contraria a la legislación vigente, “adopte medidas para garantizar la seguridad jurídica de los viajeros y evitar posibles abusos”.
Las socialistas han solicitado igualmente que el Ejecutivo comunitario estudie incorporar esta cuestión en la próxima revisión del reglamento sobre servicios aéreos, con el fin de reforzar la protección de los usuarios y asegurar normas claras y equilibradas en el mercado del transporte aéreo.
“Los pasajeros deben conocer desde el primer momento el precio final del billete y no pueden asumir los riesgos empresariales que corresponden a las aerolíneas”, han subrayado las eurodiputadas, defendiendo la importancia de “garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y evitar prácticas que puedan perjudicar a los consumidores europeos”.