El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición no de ley con la que busca reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en los procesos de adjudicación de vivienda protegida, así como blindar el carácter permanente de este tipo de inmuebles.
El Grupo Socialista justifica esta iniciativa apelando a la “preocupación social” generada por los recientes procesos de adjudicación de vivienda de protección oficial en ayuntamientos gobernados por el PP, entre ellos Alicante, Málaga, Alzira o Logroño.
“Estas actuaciones de gobiernos del PP erosionan la confianza ciudadana y hacen imprescindible la actuación socialista para reforzar las garantías públicas”, sostiene el PSOE en el texto registrado en la Cámara Baja.
En este sentido, la proposición reclama que la adjudicación de viviendas protegidas se rija por un procedimiento “claro y objetivo” que garantice la transparencia, con criterios que aseguren la pública concurrencia y otorguen prioridad a las personas o unidades de convivencia inscritas en registros públicos, respetando el orden establecido en dichos listados.
Vivienda protegida permanente y alejada de la especulación
Asimismo, el PSOE plantea que la vivienda protegida se destine “exclusivamente” a residencia habitual y permanezca ocupada durante los periodos mínimos fijados en la legislación y normativa aplicable, o bien a alojamientos de carácter temporal contemplados por la regulación para casos de emergencia o estacionalidad, siempre con la autorización expresa de las administraciones competentes.
La propuesta incluye también blindar de forma permanente la vivienda protegida, de modo que aquellas construidas o adquiridas con ayudas públicas, incentivos fiscales o ubicadas en suelo público conserven su régimen de protección y no puedan ser descalificadas mientras se mantenga la calificación del suelo.
Entre las demás medidas recogidas en la iniciativa figuran la creación y mantenimiento de registros públicos de demandantes; el impulso de nuevos instrumentos de supervisión y control mediante herramientas de vigilancia institucional; la elaboración de un inventario del parque público y de la vivienda protegida existente; la identificación detallada del suelo público disponible con potencial residencial; y la realización de auditorías sobre las adjudicaciones y operaciones de venta de suelo público efectuadas en los últimos tres años, con el fin de detectar y corregir posibles irregularidades.