El salario mínimo interprofesional (SMI) comienza 2026 congelado en la misma cuantía con la que cerró 2025, es decir, 1.184 euros al mes en catorce pagas, mientras el Ministerio de Trabajo ultima con los agentes sociales una nueva subida tras las Navidades.
Una vez que se apruebe el nuevo real decreto, la mejora se aplicará con efectos retroactivos desde este 1 de enero de 2026, siguiendo el mismo criterio utilizado en ejercicios anteriores.
Para fijar la nueva cuantía, Trabajo volverá a apoyarse en las recomendaciones del comité de expertos, que ha planteado dos escenarios: un incremento del 3,1% si el salario mínimo continúa exento en el IRPF o del 4,7% si finalmente pasa a tributar.
Con estos porcentajes, el SMI se situaría este año en 1.221 euros mensuales por catorce pagas si se mantiene fuera del IRPF, lo que implicaría una subida de 37 euros al mes, o en 1.240 euros mensuales, con un alza de 56 euros, si se opta por someterlo a tributación.
La comisión de expertos, integrada por representantes del Gobierno, de las organizaciones sindicales y por especialistas del ámbito académico, se creó en enero de 2021 para marcar la senda de incrementos que permitiera al SMI alcanzar el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea. Para esta revisión concreta se le encargó una doble propuesta: con tributación en el IRPF y sin ella.
Con Hacienda dispuesta a estudiar la actualización de la deducción vigente en el IRPF para ajustarla a la evolución del salario mínimo, y con Trabajo defendiendo que el SMI permanezca exento, el escenario más probable de partida en la negociación con los agentes sociales es el incremento del 3,1% sugerido por los expertos para el supuesto de no tributación.
Esta postura choca con la de los sindicatos, que reclaman que el SMI empiece a tributar en el impuesto sobre la renta. Por ello, han planteado una subida inicial del 7,5% para 2026, hasta los 1.273 euros mensuales, que, en términos netos, una vez aplicado el pago fiscal, se traduciría en un aumento del 2,7%, hasta los 1.216 euros netos al mes. En cualquier caso, han expresado su disposición a revisar su planteamiento a la luz del informe de expertos.
Los empresarios, que también son partidarios de que el salario mínimo tribute, han puesto sobre la mesa un alza máxima del 1,5% para este año, lo que situaría el SMI en 1.202 euros brutos al mes, condicionando esa mejora al respeto estricto de las reglas de absorción y compensación previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
Con estas posiciones, Trabajo se reunió a mediados de diciembre con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para medir el margen de consenso, en un contexto en el que, además, se está negociando en paralelo la reforma de las reglas de compensación y absorción en el marco de la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos al ordenamiento jurídico español.
La idea del Ministerio, alineada con los sindicatos, es aprobar por separado la subida del SMI y la modificación de las reglas de absorción, aunque integradas en un mismo pacto global, lo que complica la posibilidad de un acuerdo tripartito.
La reforma de la absorción, foco central del conflicto
En realidad, el núcleo del enfrentamiento no está tanto en el porcentaje de incremento del SMI para este ejercicio como en la reforma de las reglas de absorción y compensación que impulsan Trabajo y las organizaciones sindicales y que rechaza frontalmente la CEOE.
De hecho, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha advertido de que la CEOE acudirá a los tribunales si el Ministerio de Trabajo limita la posibilidad de que las empresas compensen la subida del salario mínimo con los pluses que abonan a sus plantillas.
"Eso no se puede hacer porque el Estatuto de los Trabajadores marca que eso no es así", ha señalado Garamendi. El objetivo de Trabajo y de los sindicatos es evitar que un complemento salarial concreto, como puede ser el de antigüedad o el de nocturnidad, termine neutralizando en la práctica el aumento del SMI.
Para el líder de la patronal, blindar el salario mínimo frente a la absorción por parte de los pluses es una "locura", porque podría implicar que en algunos supuestos el SMI llegara a incrementarse "un 20% y un 25%", y considera que el Ministerio de Trabajo está jugando con "cosas que no son legales".
"Es que, además, rompería muchos convenios porque directamente una empresa podría tener hasta distintos salarios, porque puede haber complementos distintos en una plantilla", ha defendido Garamendi en las últimas semanas.
Subidas recientes del SMI y falta de acuerdo con la patronal
En este contexto, el pacto global se vislumbra, por ahora, difícil. Trabajo presentará su propuesta concreta de aumento para este año a la vuelta de las Navidades. Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha manifestado que confía en que el acuerdo quede cerrado antes del 15 de enero y que la subida aplicable sea la del 4,7%, es decir, con tributación en el IRPF.
En los últimos ejercicios, el Ministerio de Trabajo no ha logrado sumar a la CEOE a los acuerdos para elevar el SMI y ha terminado pactando únicamente con las centrales sindicales.
El Gobierno aprobó el pasado mes de febrero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, un incremento del 4,4% del salario mínimo, hasta los 1.184 euros al mes por catorce pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024.
Este aumento fue fruto del pacto entre Trabajo y CCOO y UGT, al que no se adhirieron las organizaciones empresariales. De este modo, la subida de 2025 se acordó exclusivamente con los sindicatos por quinto año consecutivo.
La última ocasión en la que CEOE y Cepyme respaldaron una mejora del salario mínimo fue en 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales.
Legalmente, Trabajo no está obligado a consensuar el incremento del SMI, sino únicamente a realizar consultas, aunque de forma habitual intenta cerrar un entendimiento con sindicatos y empresarios.