El salario mínimo interprofesional (SMI) comenzará 2026 con la misma cuantía con la que cerrará 2025, es decir, 1.184 euros al mes en catorce pagas, mientras el Ministerio de Trabajo negocia con los agentes sociales un nuevo incremento tras las Navidades.
Una vez que se alcance un acuerdo y se apruebe la subida, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, siguiendo la práctica de ejercicios anteriores.
Para fijar la cuantía del SMI de 2026, Trabajo volverá a apoyarse en las recomendaciones del comité de expertos, que han planteado un alza del 3,1% si el salario mínimo continúa sin tributar en el IRPF o del 4,7% en caso de que pase a estar sujeto a este impuesto.
Según estos porcentajes, el SMI de 2026 se elevaría en 37 euros mensuales, hasta 1.221 euros al mes en catorce pagas, si se mantiene exento de tributación, o en 56 euros al mes, hasta 1.240 euros, si finalmente tributa en el IRPF.
La comisión de expertos, en la que participan representantes del Gobierno, de las organizaciones sindicales y del ámbito académico, se creó en enero de 2021 con el objetivo de marcar la senda de crecimiento del SMI para que alcance el 60% del salario medio, tal como recoge la Carta Social Europea. Para la revisión de 2026, se le encargó que fijara dos referencias: una con tributación en el IRPF y otra sin ella.
Con el Ministerio de Hacienda dispuesto a estudiar la actualización de la deducción vigente en el IRPF para acompasar su diseño a la evolución del salario mínimo interprofesional, y con Trabajo inclinándose por que quede exento, el escenario más probable es que la negociación con los agentes sociales arranque desde el 3,1%, el porcentaje sugerido para el supuesto de no tributación.
Esta posición se enfrenta a la de los sindicatos, que reclaman que el SMI tribute. Por ello han defendido una subida inicial del 7,5% para 2026, hasta 1.273 euros mensuales, que, una vez aplicado el impacto fiscal, equivaldría a un aumento neto del 2,7%, hasta 1.216 euros al mes. En todo caso, han mostrado disposición a revisar su planteamiento a la luz del informe de los expertos.
Los empresarios, que también apuestan por que el SMI tribute, han propuesto un incremento máximo del 1,5% para 2026, hasta 1.202 euros brutos al mes, condicionando este avance al respeto estricto de las reglas de absorción y compensación previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
Con este informe técnico sobre la mesa, Trabajo se reunió a mediados de diciembre con CCOO, UGT y las patronales CEOE y Cepyme para explorar las posibilidades de acuerdo, en paralelo al debate sobre la reforma de las normas de compensación y absorción en el marco de la transposición de la directiva europea de salarios mínimos al ordenamiento español.
La idea de Trabajo, coincidente con el criterio de los sindicatos, es aprobar por separado la subida del SMI y la reforma de las reglas de absorción, pero integrándolas en un mismo pacto global, lo que complica el cierre de un consenso tripartito.
La reforma de las reglas de absorción, foco central del conflicto
En realidad, el punto más conflictivo de la negociación no es tanto la cifra concreta del SMI para 2026 como la modificación de las reglas de absorción y compensación que defienden Trabajo y los sindicatos y a la que se opone con firmeza la CEOE.
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha advertido de que la CEOE acudirá a los tribunales si Trabajo impone límites a la absorción de la subida del SMI mediante los pluses que abonan las empresas a sus plantillas.
“Eso no se puede hacer porque el Estatuto de los Trabajadores marca que eso no es así”, ha señalado Garamendi. Trabajo y los sindicatos pretenden evitar que determinados complementos salariales, como los de antigüedad o nocturnidad, sirvan para neutralizar el incremento del SMI.
Para el líder de la patronal, blindar el salario mínimo frente a la absorción por parte de los pluses es una “locura”, porque implicaría que en algunos supuestos el SMI podría elevarse hasta “un 20% y un 25%”, y sostiene que el Ministerio de Trabajo está jugando con “cosas que no son legales”.
“Es que, además, rompería muchos convenios porque directamente una empresa podría tener hasta distintos salarios, porque puede haber complementos distintos en una plantilla”, ha defendido Garamendi en las últimas semanas.
Subidas recientes del SMI y falta de acuerdo con la patronal
En este contexto, un pacto global se vislumbra, por ahora, complicado. Trabajo presentará su propuesta concreta de incremento para 2026 después de las Navidades. Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha manifestado que confía en que la negociación quede cerrada antes del 15 de enero y que la subida a aplicar sea la del 4,7%, es decir, con tributación en el IRPF.
En los últimos ejercicios, Trabajo no ha conseguido un acuerdo tripartito que incluyera a la CEOE para elevar el SMI y ha terminado pactando únicamente con las organizaciones sindicales.
El Gobierno aprobó el pasado mes de febrero, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, un incremento del 4,4% del SMI, hasta 1.184 euros mensuales en catorce pagas, 50 euros más que la cifra vigente en 2024.
Este aumento fue fruto de un acuerdo entre Trabajo y CCOO y UGT, al que las organizaciones empresariales decidieron no sumarse. De este modo, la subida de 2025 se cerró en solitario con los sindicatos por quinto año consecutivo.
La última ocasión en la que CEOE y Cepyme respaldaron un aumento del salario mínimo fue en 2020, cuando pasó de 900 a 950 euros mensuales.
Legalmente, Trabajo sólo está obligado a consultar a los agentes sociales antes de fijar el SMI, no a alcanzar un pacto, aunque habitualmente intenta consensuar la subida con sindicatos y empresarios.