El presidente de Sedigás, Joan Batalla, ha puesto en valor “la relevancia” de las infraestructuras gasistas en el escenario geopolítico actual marcado por el conflicto en Oriente Próximo, subrayando su función estratégica para el sistema energético.
Durante una jornada organizada por Enerclub, Batalla recalcó que estas redes no solo refuerzan la seguridad de suministro, sino que también aportan “la estabilidad, aportando la flexibilidad al sistema energético y permitiendo avanzar en la descarbonización, de la mano de los gases renovables”.
Recordó que en 2022, con la crisis desencadenada por la guerra de Ucrania tras la invasión rusa, ya quedó patente “la importancia” de disponer de infraestructuras “resilientes” para asegurar el suministro y “garantizar lo que es la competitividad del sector, del tejido productivo y de los consumidores”.
Ante este contexto, el presidente de la patronal gasista reclamó “una visión a largo plazo”, alejándose de respuestas “única y exclusivamente” centradas en episodios puntuales. “En este sentido, en el sector gasista yo creo que nos dotamos y disponemos de esas infraestructuras planificadas con esa visión de largo plazo, resilientes, que son capaces de operar con los máximos niveles de exigencia técnica y operativa”, añadió.
Reclaman un marco retributivo estable para la transición
Batalla alertó, sin embargo, de la urgencia de establecer un marco retributivo para las infraestructuras gasistas que “las permita seguir avanzando en ese proceso de transición”, de forma que se pongan en valor unos activos que deben “preservar y modernizar” para “avanzar en la autonomía estratégica”.
Con vistas a las circulares que prepara la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el próximo periodo regulatorio gasista 2027-2032, consideró necesario que se incorporen instrumentos que permitan a las infraestructuras del sector adaptarse y reforzar la resiliencia requerida.
En esta línea, Óscar Barrero, socio de Energía de PwC España, señaló que el marco regulatorio de este tercer periodo debe “garantizar una retribución razonable” para que el sector gasista pueda “adaptar sus parámetros al contexto actual y tener una señal económica adecuada”.
Según indicó, la retribución ha de reconocer los costes reales de la actividad, incluyendo la inflación y la aparición de nuevos gastos para los operadores, además de ofrecer a los agentes una señal económica que les permita sostener y asegurar, mediante estas infraestructuras, la seguridad de suministro ante unas necesidades de flexibilidad crecientes en la red. “Habrá que ver cómo ponderamos ese riesgo a demanda que tiene el modelo actual”, apuntó.
Barrero recordó igualmente que, durante el segundo periodo regulatorio 2021-2026, la retribución de las actividades reguladas del sector gasista se ha recortado en unos 2.129 millones de euros, lo que supone un 13,5% menos en comparación con el ciclo anterior.
Además, destacó que, en materia de peajes, España presenta una situación anómala respecto a otros países del entorno: mientras en la Unión Europea han aumentado, en el mercado español han caído desde 2022 –con un descenso del 70% en términos nominales en los peajes industriales y del 42% en los domésticos–, situándose así muy por debajo de la media europea.