El sector asegurador asumió en 2025 un gasto de 431 millones de euros para sufragar la asistencia sanitaria de las personas afectadas por accidentes de tráfico, lo que representa un aumento del 8,3% respecto a los 398 millones desembolsados en 2024, según detalla la patronal en una nota informativa.
De ese importe global, 212 millones de euros se dirigieron a la sanidad pública y 219 millones a la red privada, de acuerdo con los datos de Tirea, la firma tecnológica responsable de la gestión de la plataforma CAS, herramienta empleada para canalizar estos convenios.
Por territorios, las mayores cuantías abonadas se concentraron en Barcelona (15,7%), Madrid (9%) y Sevilla (7,6%).
La distribución de los pagos entre sanidad pública y privada difiere en función de cada comunidad autónoma y está condicionada por la titularidad de los centros especializados en la atención a lesionados de tráfico en cada zona. Así, en Teruel, Soria, Orense y Huesca, casi la totalidad de los importes se dirigió a hospitales públicos. Por el contrario, en Islas Baleares (95,8%), Gerona (72,3%) y Cádiz (70,8%) predominó la asistencia en centros privados.
A lo largo de 2025 se tramitaron 1,03 millones de expedientes, de los que el 65% correspondió a centros privados y el 35% a centros públicos. Esta actividad equivale, en la práctica, a alrededor de dos atenciones sanitarias por siniestro de tráfico cada minuto en España. Barcelona encabezó el volumen de expedientes (15,1%), seguida por Madrid (10,2%) y Sevilla (9,7%).
Las estadísticas de Unespa muestran además que el 59,2% de las asistencias tuvo como destinatarios a conductores, mientras que los ocupantes supusieron el 29,3% y los peatones, el 11,5%. Si se analiza según el medio de desplazamiento, el 85,1% de las víctimas viajaba en automóvil, un 3,4% en moto y, como se indicaba antes, el 11,5% restante eran peatones.