La remuneración de los más de 3,5 millones de empleados públicos subirá este año un 1,5% fijo, con efectos desde el 1 de enero, y podría incrementarse en otro 0,5% adicional si la inflación al cierre del ejercicio iguala o supera la subida prevista para 2026.
Este esquema fue pactado entre el Ministerio de Función Pública, UGT y CSIF —CCOO se incorporó posteriormente— dentro del “Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía”, que contempla una mejora retributiva global del 11% para el periodo 2025-2028.
Para 2025 se fijó una subida consolidable del 2,5% en el conjunto del sector público. En 2026 se aplicará un incremento del 1,5% garantizado, al que se sumará un 0,5% si la inflación de ese año iguala o supera dicho 1,5%. De cumplirse esta condición, ese 0,5% se abonará en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo.
El alza de 2026 será la única que combine una parte fija y otra variable; el resto de incrementos serán completamente fijos: un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028.
Aunque el acuerdo cifra en un 11% la subida total en el periodo 2025-2028, las organizaciones sindicales calculan que, por el efecto acumulado de las distintas revalorizaciones anuales, el aumento efectivo en esos cuatro años podría situarse en torno al 11,5%.
La subida de este año quedó asegurada después de que en diciembre el Pleno del Congreso convalidara el real decreto ley que actualiza las retribuciones del personal del sector público para 2025 y 2026, con el único voto en contra de Vox, la abstención de Junts y el respaldo del resto de grupos.
La norma se limita a los elementos imprescindibles para aplicar, con efectos de 1 de enero de 2025, el incremento salarial del personal al servicio del sector público —incluyendo las disposiciones necesarias para que pudiera hacerse efectivo el año pasado— y para aprobar, con efectos de 1 de enero de 2026, la subida correspondiente al ejercicio que acaba de iniciarse.
Las reglas retributivas de este real decreto ley se extienden a todas las Administraciones públicas: Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. En el caso del sector público estatal, el incremento de 2025 se materializó en diciembre, abonándose como atrasos las cantidades devengadas desde enero del año anterior.
El calendario de pago de los importes y atrasos de 2025 lo fijará cada Administración en su ámbito de negociación sindical. Ese abono podrá fraccionarse entre 2026, 2027 y 2028 o concentrarse en un único pago en diciembre de 2025.
FUNCIÓN PÚBLICA PREVÉ APROBAR LAS 35 HORAS EN EL PRIMER TRIMESTRE
Paralelamente, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido a iniciar este mes la negociación para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), con la intención de que pueda aplicarse entre febrero y marzo, según ha trasladado UGT.
Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a regular en enero el teletrabajo, cuestión que se abordará en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Ambas medidas forman parte de los compromisos pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI suscrito en octubre de 2022.
“Función Pública también constituyó en el último mes de 2025 la comisión que velará por el cumplimiento de los puntos reflejados en el último Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía con UGT, CSIF y CCOO.”
El acuerdo incorpora diversas mejoras en las condiciones laborales, como la supresión de la tasa de reposición, la agilización de las oposiciones y el refuerzo de las plantillas de atención al ciudadano.
También se prevé adaptar la clasificación de los puestos a las funciones efectivas, considerando la experiencia y la formación requerida, e impulsar procesos específicos de promoción interna mediante cursos selectivos, reforzando los concursos de méritos a través de un modelo de concurso abierto y permanente.
El texto contempla, además, la revisión y aumento durante 2026 de los complementos de residencia e insularidad y de las indemnizaciones por razón de servicio, con el objetivo de eliminar desigualdades entre empleados públicos; el refuerzo de las plantillas de atención al público; la actualización de permisos y mejoras de conciliación; el fortalecimiento de la salud laboral con apoyo psicológico y medidas frente a agresiones; actualizaciones salariales del personal laboral en el exterior; mejoras en materia de jubilación, y el refuerzo de la calidad asistencial del Mutualismo Administrativo (Muface, Mugeju e Isfas).